Los diputados del Grupo Popular del Parlament han votado en contra de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por la coalición del PSM-IV-ExM, que buscaba instar al Gobierno central a elaborar una ley que permita que la entrega de un bien hipotecado salde el crédito contraído para su adquisición y han justificado este rechazo en que no ha sido incluido en su redactado parte del texto de una iniciativa parlamentaria que presentaron los 'populares' anteriormente en este mismo sentido.

El parlamentario 'popular' Óscar Fidalgo ha explicado durante el pleno del Parlament que el PP considera que la normativa de ejecuciones hipotecarias actual es "ineficiente" y "mejorable" y ha afirmado que la legislación debería ser modificada pero "con solución de continuidad" y sin "prisas", las cuales cree que han motivado esta iniciativa marcadas, según él, por la proximidad de las elecciones.

Asimismo, ha criticado que tanto el PSIB como el PSM-IV-ExM no emprendieran ninguna medida al respecto cuando estaban al frente del Govern. En este mismo sentido, ha agregado que el PSOE tampoco la ha llevado a cabo a nivel estatal durante las dos últimas legislaturas en las que ha gobernado "por no molestar a los bancos".

Por ello, ha tildado esta PNL de "demagógica" atendiendo a la "indiferencia" que a su parecer mostraron los progresistas durante su mandato. Asimismo, ha dicho que es "extemporánea" porque el Gobierno socialista ya aprobó una modificación que varió el porcentaje sobre el valor de tasación por el que la entidad bancaria puede quedarse con el inmueble tras una subasta desierta.

Además, ha asegurado que esta medida está "alejada de la realidad" por las consecuencias que tendría para los ciudadanos. Fidalgo ha explicado que la dación en pago del bien inmueble para condonar la deuda supondría un aumento de los intereses hipotecarios "doblándose para el interés variable y hasta tres puntos para el interés fijo".

Asimismo, ha afirmado que incrementaría "la prima de riesgo a nivel nacional", se restringiría el crédito hipotecario y "supondría una barrera de entrada en el mercado hipotecario a las familias con menos recursos" dado que "se financiaría un menor importe del inmueble y a un mayor coste", "se exigiría una solvencia mayor" y "se recortarían los plazos de amortización", entre otros aspectos.

Fidalgo ha señalado que un informe del Consejo General del Poder Judicial afirma que entre los años 2007 y 2010 se llevaron a cabo en Baleares unas 6.700 ejecuciones hipotecarias.

El diputado 'popular' ha considerado que esta iniciativa no es más que "un brindis al sol" y ha remarcado que su grupo "no se subirá al carro" para votarla presionado por movimientos sociales como el 15M que demandan esta medida.

Además, ha añadido que la entrega del bien hipotecado para saldar el préstamo ya está recogido en el artículo 140 de la Ley hipotecaria, si bien el diputado del Grupo del PSM-IV-ExM ha matizado que esta normativa únicamente apunta su voluntariedad y no la obligatoriedad de su recepción, que es lo que pretenden establecer.

Alorda ha recordado que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución española y ha subrayado que es obligación de las administraciones públicas garantizarlo. Además, ha remarcado que el hecho de que algunas personas tengan que seguir pagando sus créditos hipotecarios una vez han sido desahuciados y les han quitado la vivienda es "una crueldad sofisticada" de la legislación que resulta "despiadada".

El nacionalista ha apuntado, además, que las entidades bancarias tendrían que asumir parte de la responsabilidad de que las personas no puedan asumir sus préstamos hipotecarios ya que, a su parecer, una "gestión prudente" de los riesgos de estos créditos por parte de las entidades financieras habría evitado llegar a esta situación.

Cabe señalar que, con la legislación actual, cuando se ejecuta una hipoteca la vivienda sale a subasta y, en caso de no haber postores, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posibilidad de que el banco se adjudique la vivienda por el 60% del valor de tasación y después puede venderla en el mercado libre.

El exconseller de Vivienda y diputado del Grupo Socialista, Jaume Carbonero, ha recordado que la Audiencia Provincial de Navarra ya aprobó en una sentencia que la entrega al banco del bien inmueble hipotecado saldara la deuda pendiente, tratado como una dación en pago de recepción obligatoria.