La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido la declaración de un total de 24 testigos y de siete peritos en el juicio previsto contra el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts, Jorge Bellver, y otros cuatro funcionarios de la misma área por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte.

Según consta en un auto de fecha de este lunes, contra el que no cabe recurso, el TSJCV ha declarado pertinentes los medios de prueba propuestos tanto por el ministerio fiscal como por la representación procesal de los acusados —salvo alguna documental—, para lo que se realizarán las citaciones oportunas. Además, establece que el secretario judicial deberá decir el día y la hora en la que tienen que empezar y continuar las sesiones del juicio oral, teniendo en cuenta el número de acusados, testigos y peritos.

El tribunal valenciano ha dictado esta resolución después de que el 7 de septiembre se declarase competente para instruir la causa tramitada anteriormente en el juzgado de lo Penal número 4 de Valencia. La causa se originó en el mes de abril de 2010, cuando el ministerio fiscal formuló una querella por un posible delito de prevaricación relativo a una resolución del Ayuntamiento que aprobaba la construcción de un aparcamiento subterráneo colindante a los jardines de Monforte —entrada por la calle Severo Ochoa—.

Según indicaba Fiscalía en su escrito de acusación, las obras no contaban con la autorización expresa de la Dirección General de Patrimonio, pese a tratarse de una intervención en el entorno declarado protegido de los jardines.

Los medios de prueba solicitados en su escrito de calificación provisional han sido ahora admitidos por el TSJCV. En concreto, el fiscal reclama la declaración de los acusados; de un total de 22 testigos; y de cinco peritos, en concreto, de tres arquitectos de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano; y de dos redactores del estudio geológico del proyecto.

En la documental solicita el expediente relativo al aparcamiento subterráneo de las calles Amadeo de Saboya, Micer Mascó, Naturalista Arévalo Baca y Naturalista Rafael Cisternes, aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento; otro sobre el aparcamiento de la Plaza de Tetuán y calle General Tovar; y un expediente de la Concejalía de Urbanismo relativo a la Clínica Quirón de Valencia.

Otros escritos

Por parte de uno de los funcionarios, en su escrito de disconformidad niega que fueran ciertos los hechos por los que se le acusaba y solicita su libre absolución. Además, interesa diversos medios de prueba para el juicio: la declaración de acusados, de los mismos testigos que los propuestos por el fiscal, y de los mismos peritos. No obstante, en este último punto pide la declaración de dos más: el o los funcionarios del Ayuntamiento que emitan los informes solicitados; el suscriptor del informe emitido por la Oficina Técnica de Información Urbanística del Servicio de Planeamiento de fecha 14 de septiembre de 2010.

Por parte de otros tres funcionarios y del Ayuntamiento de Valencia también se rechaza el escrito de acusación, se niega cualquier tipo de responsabilidad criminal o civil y se interesa la declaración de acusados; de los mismos testigos propuestos por el fiscal más otras dos personas más, arquitectas. El letrado de Bellver también muestra su disconformidad con la acusación y afirma que los hechos no son constitutivos de delito. Pide las mismas declaraciones que el ministerio fiscal, así como la documental.

El TSJCV, tras estudiar todos los escritos, ha decidido admitir las pruebas propuestas por las partes por ser todas ellas "útiles" y "pertinentes". No obstante, rechaza la incorporación a la causa de documental solicitada por los funcionarios, aunque dice que esta información obrará a disposición del tribunal y de las partes con la antelación necesaria.