Empleo defiende el trabajo de los funcionarios en los ERE y remitirá "con la máxima celeridad" los 40 nuevos a Alaya

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha defendido el trabajo "concienzudo y ejemplar" de las comisiones de funcionarios "independientes y profesionales" que analizaron los expedientes de regulación de empleo (ERE) para detectar posibles irregularidades, tras lo que ha asegurado que remitirá "con la máxima celeridad" los 40 nuevos expedientes requeridos por la juez del juzgado de instrucción número seis, Mercedes Alaya, encargada de investigar presuntas irregularidades en la tramitación de los ERE.
El Consejero De Empleo, Manuel Recio
El Consejero De Empleo, Manuel Recio
EUROPA PRESS
El Consejero De Empleo, Manuel Recio

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha defendido el trabajo "concienzudo y ejemplar" de las comisiones de funcionarios "independientes y profesionales" que analizaron los expedientes de regulación de empleo (ERE) para detectar posibles irregularidades, tras lo que ha asegurado que remitirá "con la máxima celeridad" los 40 nuevos expedientes requeridos por la juez del juzgado de instrucción número seis, Mercedes Alaya, encargada de investigar presuntas irregularidades en la tramitación de los ERE.

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha reiterado la "máxima y plena colaboración con la Justicia" que "desde siempre viene aplicando la Consejería", de forma que "toda la información que requiera la juez va a ser remitida con celeridad para que tenga conocimiento cuanto antes". No obstante, Recio hasta este momento no tenía constancia de si había llegado ya a Empleo la petición formal de la juez sobre los 40 nuevos casos.

Recio, quien eludió pronunciarse sobre algún ERE concreto, ha explicado que "en su momento todos los expedientes fueron revisados por comisiones de investigación formadas por funcionarios de la Consejería de Empleo", de forma que "cualquier expediente en que se hubiera detectado algún problema, se hubiera remitido a la juez para su conocimiento".

De esta forma, ha apuntado que las comisiones de investigación de la Junta detectaron posibles irregularidades e 'intrusos' en el uno por ciento de expedientes "y los grupos de funcionarios independientes, que en su día miraron todos y cada uno de los expedientes, encontraron problemas en el uno por ciento, que fueron los que remitimos a la juez".

"La juez es la que determina si necesita más información y si la pide se la pondremos a su disposición" ha agregado el consejero, quien insiste en asegurar que no tiene "por qué poner en duda el trabajo de los funcionarios, que hicieron un trabajo concienzudo, que se puso en las manos más independientes y profesionales, de unos funcionarios que siempre han hecho un trabajo ejemplar".

El consejero ha reiterado que "todo lo que la juez crea necesario nos tendrá a su disposición", y, a preguntas de los periodistas, reconoce que no sabe "si esto será lo último" que el juzgado le pida.

"Hemos aportado cuanto tenemos a la Justicia, le damos toda la información", ha agregado el consejero. Para Recio, "no es de recibo que todas las personas afectadas por ERE se puedan ver como si hubieran hecho algo malo, no es justo que los ERE en general puedan verse como una figura que no ha solucionado ciertas situaciones".

Críticas del pp

En ese sentido, ha criticado que el PP "ponga en duda, no los procedimientos que analizaron las comisiones de investigación, sino que considere que están mal dados los 700 millones que ha aplicado la Junta en los diez últimos años en las políticas sociolaborales".

"El PP hace una utilización como si todo estuviera mal hecho", ha aseverado el consejero, quien rechaza que "se pueda instalar una imagen en la opinión pública de que los trabajadores andaluces que han pasado por una situación de una empresa en cierre y con un ERE han hecho algo malo".

Por ello, reitera que la Junta "perseguirá y recuperará las cantidades de ese uno por ciento, pero el resto no tiene culpa de nada".

Aportación de documentación

En ese sentido, ha indicado que ya se ha iniciado el procedimiento administrativo de requerir a los presuntos 'intrusos' documentación "suficiente" para comprobar si se demuestra la situación de presunta "irregularidad" detectada por los funcionarios o si su situación "está de acuerdo con la normativa".

"En este procedimiento estamos llamando a las personas, pidiéndoles documentación y viendo si somos capaces de determinar si son o no intrusos, lo cual aclarará cualquier tipo de duda que pueda existir en todos los casos analizados", ha agregado.

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