El comité de empresa del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha reclamado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, una reunión para tratar el conflicto desencadenado en torno a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 en esta sociedad mixta, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y del que reniega la Consejería de Empleo, y el destino de la plantilla ante posibles intentos de "privatización" o "externalización" a cuenta de la difícil situación económica de la empresa.

En concreto, el comité de empresa ha remitido este lunes una carta a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitando la mencionada entrevista. Entretanto, tras perder 4.123.666 euros y 381.560 euros en los años 2009 y 2010, respectivamente, la empresa afronta un escenario en el que podría cerrar 2011 con nuevas pérdidas por valor de 1,8 millones de euros y ya el próximo mes, podría sufrir graves problemas de tesorería, incurriendo incluso en una posible causa de disolución.

La junta paga otros ere

En su carta, recogida por Europa Press, el comité de empresa avisa de que, en el marco de la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos, la Junta de Andalucía "está abonando" aún las prejubilaciones comprendidas en estos procedimientos, toda vez que la Consejería de Empleo ha negado cualquier compromiso jurídico en cuanto a la financiación de las 40 prejubilaciones pactadas en el ERE acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla. Por eso, alerta la representación de los trabajadores de la "excepción" que constituye Mercasevilla en el posicionamiento de la Administración andaluza.

Igualmente, avisa el comité de empresa de los "intentos" de "criminalización" que pesan sobre el conjunto de trabajadores atribuyéndoles "todos los males" que sufre la sociedad mixta, porque de tal situación se deducen pretensiones de "justificar" una posible "privatización" o "externalización" los servicios prestados por la compañía. "Que no paguen las consecuencias los únicos que no son responsables", defiende el comité de empresa en esta misiva en la que se reclama un encuentro a José Chamizo.

En paralelo, la asamblea de trabajadores de Mercasevilla ha ratificado el calendario de movilizaciones propuesto por el comité de empresa, que comprende la participación en las protestas que convoquen los sindicatos mayoritarios, así como una manifestación el próximo 7 de octubre.

Mercasevilla en cifras.

Posible causa de disolución

Y es que Mercasevilla cerró 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros después de que 2009 se saldase también con pérdidas de 4.123.666 euros, mientras las previsiones cumuladas hacen temer pérdidas por valor de 1,8 millones de euros en 2011. Sobre esta sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y Mercasa según este orden, pesa además un pasivo de 9.046.976,95 euros por la financiación del expediente de regulación de empleo promovido en 2007. A este procedimiento se adhirieron 40 trabajadores cuyas prejubilaciones han quedado paralizadas al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del ERE, algo que ha supuesto gastos de 1.054.000 euros para Mercasevilla al objeto de cubrir las nóminas que peligraban.

Mercasevilla, además, ha abonado a la Administración andaluza un millón de euros en concepto de sanciones por la localización de pescado inmaduro en las instalaciones de la lonja, toda vez que la sociedad mixta se ha visto obligada a hipotecar, por un valor de 800.000 euros, dos locales comerciales de su propiedad como garantía ante otros expedientes sancionadores de la misma naturaleza.

Impagos de sando y el conflicto del canon de locación

El grupo constructor Sando, que se alzó con los derechos de superficie de tres parcelas de Mercasevilla, ha dejado de pagar de su lado el canon correspondiente a tales fincas y, por este concepto, tiene un saldo pendiente de aproximadamente 2,5 millones de euros con la compañía. Mercasevilla, igualmente, ha dejado de percibir 971.000 euros al decidir los mayoristas de fruta, verduras y hortalizas, cuyo gremio es socio minoritario de esta sociedad mixta, no abonar eventualmente el correspondiente canon de locación al haber impugnado el incremento del 3,1 por ciento en este concepto recogido por las vigentes ordenanzas fiscales.

Este dinero en cuestión, no obstante, está depositado como aval en una cuenta bancaria a la espera de la resolución de tal impugnación. De cualquier forma, y si no se remedia, la sociedad gestora del mercado central de abastos podría sufrir ya problemas graves de tesorería en octubre o noviembre o incluso podría incurrir en una causa de disolución al experimentar un patrimonio neto de 55.000 euros negativos a finales de septiembre.