El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos del Estado para 2011, con el objetivo de exigir el pago a Castilla y León de 723,9 millones del modelo de financiación autonómica correspondientes a este año.

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, esta decisión se adopta tras agotar la vía de la negociación con el Gobierno de España, que se inició el pasado mes de marzo a instancias del Ejecutivo autonómico y se cerró sin acuerdo.

El portavoz ha argumentado este recurso en el convencimiento de la Junta de que los recursos que el Ministerio de Economía y Hacienda prevé transferir a Castilla y León este año son "muy inferiores a los que le corresponden". En concreto, entiende que la Comunidad tiene derecho a casi 724 millones de euros más.

De esa cifra, 211 millones corresponden al llamado Fondo de Cooperación, que el Gobierno se comprometió a transferir este año, ha recordado el portavoz, que ha admitido "cierta luz tenue" en la disposición del Ejecutivo central a transferir a Castilla y León esta cantidad, si bien ha advertido de que la Junta no se fía del Ejecutivo central al que ha reclamado que transfiera a la Comunidad Autónoma "lo que es suyo.

De Santiago-Juárez ha recordado que tampoco han llegado 128,1 millones en concepto de recursos adicionales del modelo de financiación para 2011. Por último, ha relatado, el Fondo de Suficiencia experimenta una "merma injustificada" de 384,8 millones de euros, debido a que se aplica antes de tiempo la liquidación negativa de 2009 (por importe de 225,4 millones) y se resta la recaudación derivada de la subida del IVA (a pesar de que aún no ha terminado el ejercicio, lo que supone otros 159,4 menos).

El argumento central del recurso que ultiman los Servicios Jurídicos de la Junta, a propuesta de la Consejería de Hacienda, es que este recorte rompe el equilibrio de las cuentas regionales y viola los principios de suficiencia, solidaridad y autonomía política y financiera previstos en la Constitución y el Estatuto de Castilla y León.

En concreto, el Ejecutivo de la Comunidad considera que esto implica una "grave vulneración" de los artículos constitucionales 2, 9.3, 31, 137, 138.1, 156.1, 157 c) y 158.1, que entre otros aspectos obligan al Estado a garantizar "un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español". En la misma línea, estima que se infringen los preceptos estatutarios 83 y 84, conforme a los que "Castilla y León dispondrá de los recursos suficientes para atender de forma estable y permanente la gestión y el desarrollo de sus competencias".

Proceso de negociación fallido

La Comunidad acudirá a los tribunales en contra de la Ley de Presupuestos del Estado para 2011 porque es esta norma la que consagra la reducción de los ingresos regionales de este año. Para ello, el Ministerio de Economía y Hacienda introdujo un artículo que reinterpretaba la Ley del Sistema de Financiación, aprobada en 2009, una fórmula que en opinión de la Junta no se ajusta a derecho.

El Tribunal Constitucional prevé un plazo de tres meses para que las autonomías puedan interponer recursos de inconstitucionalidad contra las normas del Estado que les afectan. Este periodo se amplía a nueve meses cuando si se inicia un proceso de negociación entre el Estado y la comunidad para resolver las discrepancias.

El portavoz ha recordado que la Junta quiso agotar la vía del diálogo antes de recurrir a los tribunales y por eso se acogió a esta última posibilidad. Para ello solicitó la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y Castilla y León, que se reunió por primera y única vez el pasado 6 de julio sin alcanzar ningún acuerdo. "De ahí la decisión de recurrir, para lo que hay de plazo hasta el próximo 23 de septiembre", ha informado.