El Ayuntamiento de Córdoba defiende que el empresario y concejal de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, "está en su derecho legítimo para participar en los órganos municipales", tras ser designado este martes en el Pleno ordinario consejero en representación de su formación política en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), órgano que le ha multado por supuestas ilegalidades urbanísticas, como la sanción de más de 20 millones de euros por construir sin licencia las naves de Colecor.

Así lo ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz municipal del PP y concejal de Seguridad, Movilidad y Transportes, Ana Tamayo (PP), quien justifica que Gómez "es concejal del Ayuntamiento con todo el respeto y apoyo de muchos cordobeses", al tiempo que ha aclarado que "evidentemente la situación dará lugar a una serie de situaciones que habrá que ir viendo dentro de la Gerencia de Urbanismo".

No obstante, indica la edil popular, la presencia de Goméz en la GMU "en todo caso responde perfectamente a la democracia", a lo que añade, "estaremos lógicamente con los informes jurídicos correspondientes y el traslado de la información que se pueda hacer siempre salvaguardando la legalidad en todos los mecanismos de trabajo".

Cabe destacar que el nuevo consejero de la GMU, en declaraciones a los periodistas tras la sesión plenaria, ha negado que se vayan a producir críticas por su nombramiento, que, a su juicio, "no tiene mayor importancia".

Así, ha explicado que su designación se debe al cese voluntario en el cargo como consejero por parte del portavoz de UCOR, Juan Miguel Alburquerque, que pasará ahora a ser suplente, pero "no hay problemas", comenta Gómez, quien defiende que "simplemente se ha decidido así" y "no ha surgido nada".

En cuanto a los bienes embargados a su empresa, Arenal 2000, de los cuales cuatro de ellos, por los que adeuda al Consistorio cerca de 3,5 millones de euros, saldrán a subasta a finales de este mes, Gómez ha descartado pronunciarse y se ha limitado a señalar que "cuando se terminen las cosas hablaremos".

En concreto, las cuatro subastas de fincas, que se celebrarán el próximo día 29 de septiembre, responden al expediente de Hacienda del Ayuntamiento cordobés contra la citada entidad para acuerdo de enajenación mediante subasta pública de bienes.