Manuel Blanco, el nuevo director general de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha celebrado ya una reunión con el gremio de mayoristas de pescado de la lonja hispalense, dentro de una ronda de contactos emprendida tras su reciente nombramiento a manos del consejo de administración y la junta general de accionistas. Durante este encuentro, los mayoristas de pescado han elevado al nuevo director general el conflicto de los servicios que el mercado central "impone" y cobra a los empresarios, toda vez que la Comisión Europea debatía el pasado mes de junio la posible "incompatibilidad" de estos servicios con la libertad de establecimiento.

El presidente de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla, Salvador López, ha informado a Europa Press de que el encuentro se celebró el lunes de la semana en curso, toda vez que el viernes previo, Manuel Blanco se reunía ya con el comité de empresa de esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.

El conflicto de los servicios

Durante la reunión, el gremio de mayoristas de pescado elevó al nuevo director general de Mercasevilla el conflicto de los servicios, debatido el pasado mes de junio en el seno de la Comisión Europea precisamente a instancias de este grupo de empresarios. Estos servicios cuya prestación y pago son obligatorios a cuenta del régimen del mercado central, se elevan al 2,025 por ciento en concepto de facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del transporte, la manipulación y la colocación del género.

Ambos gravámenes, según recuerdan los mayoristas de pescado, fueron declarados en 2002 contrarios a las leyes de competencia por la Comisión de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional (AN).

Debate en la comisión europea

La Comisión Europea, durante el debate celebrado al respecto el pasado mes de junio, señalaba a través de su responsable de Servicios de Empresa, Laetitia Lecesne, que estos cobros pueden ser "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea que consagra el principio de libertad de empresa. No obstante, Lecesne también avisaba de que "es posible justificar este tipo de regímenes si obedecen al interés general y son proporcionales".

Las autoridades comunitarias, en ese sentido, estaban entonces a la espera de que España, que participa en Mercasevilla a través de la sociedad estatal Mercasa, informase detalladamente de "los motivos que justifican este régimen" y no otro "no obligatorio". Salvador López, a tal efecto, ve "claro" que estos servicios "no pueden ser impuestos" y ha alertado de que cualquier solución a la difícil situación que sufre la empresa pasa por solventar esta situación.

Los mayoristas de pescado, igualmente, han elevado a Manuel Blanco que afrontan un canon de locación por el que pagan "más de el doble que cualquiera", toda vez que las vigentes ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla, principal accionista de la empresa, recogían un incremento en este concepto. El presidente de los mayoristas de pescado, de cualquier modo, ha considerado positivo el encuentro y ha manifestado la disposición de este grupo de empresarios a "negociar" para buscar una salida consensuada a estos dos conflictos.