El PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha presentado este miércoles una denuncia en los tribunales contra el alcalde de la localidad, Gonzalo Rodríguez (PSOE), por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales de la oposición al no facilitar información sobre las ayudas sociales concedidas antes de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado que se ha presentado un recurso por la negativa "reiterada" a facilitar esa información a la oposición sobre las ayudas dadas durante la etapa preelectoral.

De este modo, Hernández Cansino ha remarcado que "esas ayudas sociales duplican las del mismo periodo del año anterior", por lo que considera que se podría haber dado a dichas ayudas "un uso electoralista", al objeto de "comprar voluntades o votos", ya que además dichas ayudas disminuyen "hasta en diez veces" una vez transcurridos los comicios.

El dirigente 'popular' ha explicado que entre el mes de abril y los primeros 20 días de mayo, se concedieron ayudas por valor superior a "los 36.000 euros", mientras que este montante descendió "hasta los 3.000 euros" después de las elecciones y en el resto del mes de mayo y junio.

Ante esta situación, Hernández Cansino ha recordado que su grupo solicitó la celebración de un pleno extraordinario al objeto de que se creara una comisión de investigación, así como pidieron toda la información relativa a esas ayudas, como los informes técnicos sociales, la situación económica y social de las familias, que fue denegada al considerar desde el equipo de Gobierno que "era información confidencial". No obstante, ha remarcado que el propio secretario municipal instó al traslado de los expedientes necesarios para confirmar ese posible uso electoral del dinero público.

Hernández Cansino ha subrayado que aunque se dé esta colisión entre el derecho a la protección de datos y el derecho de participación en los asuntos públicos de los ciudadanos a través de sus representantes políticos, recogido en el artículo 23.1 de la Constitución, "siempre" prevalece el segundo. "Este artículo ha sido vulnerado y la jurisprudencia que hay al respecto es practicamente unánime", ha destacado.

"No hemos podido llevar a cabo la labor de fiscalización y control que tenemos encomendada legalmente, porque es materialmente imposible fiscalizar si se ha dado una ayuda social bien, si no conocemos esa información", ha subrayado.

Por último, Hernández Cansino ha destacado que si finalmente se condena al alcalde de la localidad por esa vulneración y se puede acceder a la información solicitada y se confirma que esas ayudas fueron "mal concedidas y con un uso electoral", no descarta seguir con otro tipo de acciones legales.