Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles la reducción de cargos en los consejos Consultivo y de Cuentas y en el Gobierno de la Junta con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de Socialista y Mixto, con el rechazo de las enmiendas de éste último.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, recordó que la modificación de la organización y funcionamiento de los consejos y el Gobierno responden al compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de una mayor austeridad, algo que considera que siempre se ha hecho en Castilla y León con la restricción del gasto o evitar el endeudamiento en épocas de "bonanza".

De Santiago-Juárez presentó un proyecto de ley "sencillo, simple" y con un texto avanzado en el Debate de Investidura del presidente de la Junta para el que se han mantenido contactos tanto con el Grupo Socialista como con el Mixto, que presentó siete enmiendas parciales que fueron rechazadas.

Además, se presentó una enmienda técnica en la que se recoge el mantenimiento en funciones de los actuales miembros de los consejos hasta que las Cortes de Castilla y León designen a los nuevos integrantes, algo que sirvió a la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, para criticar la "falta de rigor y trabajo" del Gobierno autonómico porque, de no haberse aprobado esta enmienda, se habría dejado a los consejeros actuales "en el limbo jurídico".

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU, José María González, quien compartió el turno con su compañero de la UPL, justificó las siete enmiendas presentadas, que responden a un primer objetivo de mantener el número de miembros de los consejos al considerar que no hay un ahorro efectivo y un segundo de mantener la organización de estos órganos para no reducir la "eficacia democrática".

González considera que estos órganos son "fundamentales" para velar por el cumplimiento de la legislación y fiscalizar los recursos que gestionan las administraciones y por ello se recogen en el Estatuto de Autonomía y además cumplen un papel "necesario".

En esta línea, negó que medio millón de euros sea un ahorro importante como para argumentar austeridad en la reducción de miembros y lamentó que ni siquiera se haya recogido parte de su enmienda en la que propone suprimir la expresión "en proporción al número de procuradores" de los Grupos a la hora de presentar candidatos para los consejos, ya que considera que se obvia al Grupo Mixto.

Por su parte, el procurador de UPL Alejandro Valderas puso de manifiesto la ocasión perdida para una reforma "en profundidad" de estos órganos como reclama el Consejo Consultivo, que precisamente considera que podría ayudar a estudiar cómo ahorrar gastos.

Durante el debate de las enmiendas, el procurador 'popular' Francisco Javier García-Prieto lamentó la ausencia de enmiendas socialistas y aclaró a IU que el gasto que se ahorra es anual y explicó que la racionalidad que se persigue con la reducción del número de miembros de los consejos no supone una merma de facultades porque el equipo técnico permanece igual.

Falta de transparencia

Tras la aprobación del proyecto de ley, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, explicó el por qué de su abstención, que se debe a motivos de tipo formales y de fondo o "sustanciales".

Respecto a las formas, criticó que a pesar del consenso y el diálogo que siempre ha habido respecto a estos órganos estatutarios, se produjo una aproximación por parte de la Junta para explicar la reforma que se pretendía hacer que sólo fue un "gesto de buena voluntad pero insuficiente" porque en otros temas en los que se ha buscado acuerdo se ha presentado una proposición conjunta y aclaró que no se han presentado enmiendas por el principio de "congruencia".

En cuanto a los motivos de fondo que, a su juicio, son los más "relevantes", indicó que aunque la Junta persigue dar una "imagen de austeridad" y están de acuerdo con ahorrar, cree que lo que no se supone una mejora de la eficacia y la eficiencia es un "puro recorte". Así, considera que el Consultivo y el de Cuentas son órganos de primer nivel para mejorar la calidad democrática y el funcionamiento de las instituciones y de esta manera se pierde una "estupenda oportunidad" de hacer caso a los informes del Consultivo para realizar mejoras fáciles de consensuar.

Por ello, Redondo criticó la "falta de trabajo" y "rigor" a la hora de elaborar esta modificación sin escuchar, no sólo a las otras opciones políticas, sino a los consejeros y manifestó su preocupación por la modificación del principio de transparencia que propugna el presidente de la Junta, que cree que se vulnera a la hora de no publicar los informes de los consejos en el Bocyl.

"Se puede podar un árbol para hacerlo más fuerte y fructífero pero también para que se seque", dijo la procuradora socialista, quien cree que se pueden provocar que los consejos no realicen sus funciones y pierdan capacidad de reacción.

Modificación de tres leyes

Con la aprobación de esta ley modifica el anteproyecto la Ley 3/ 2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo; y la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Así, en cuanto a la normativa reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León fija en diez el número máximo de consejerías con las que podrá contar el Gobierno autonómico.

Los cambios introducidos en la ley del Consejo Consultivo se establecen, a partir de las modificaciones introducidas, la posibilidad de que la Junta de Castilla y León solicite a éste dictámenes sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía.

Las modificaciones también afectan al número de consejeros electivos que pasan de ser cinco a tres, elegidos exclusivamente por las Cortes de Castilla y León, suprimiendo a los dos consejeros que eran designados por la Junta de Castilla y León. Además, se establece, para los consejeros natos, la condición de haber accedido a la responsabilidad de Presidente de la Junta de Castilla y León al comienzo de una legislatura y ser ciudadanos de Castilla y León.

También se limita el mandato de los consejeros natos hasta los 70 años, suprimiéndose la posibilidad de prórroga hasta los 75, y se establecen las precisiones necesarias sobre la incompatibilidad de los consejeros electivos, que será apreciada en cualquier caso por las Cortes de Castilla y León.

El texto modificado establece la transitoriedad de las disposiciones sobre los consejeros natos, que no serán aplicables a quienes hayan finalizado su mandato como Presidentes de la Junta, con anterioridad a su entrada en vigor.

Finalmente, en cuanto al Consejo de Cuentas de Castilla y León se establece a partir de las modificaciones introducidas que los informes de fiscalización se harán públicos a través de la sede electrónica del Consejo de Cuentas de Castilla y León, eliminando su publicación en el BOCYL. Las resoluciones que adopten las Cortes de Castilla y León sobre dichos informes se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad.

En este órgano también se reducirá el número de consejeros, que pasarán de cinco a tres. Otras de las modificaciones afectan a precisiones normativas para mejorar y adaptar los cambios aprobados y contemplan que el Presidente sea quien convoque el Pleno a iniciativa propia o siempre que lo soliciten los otros dos consejeros. Además, se establece que a los informes de fiscalización pendientes de publicación en la fecha de entrada en vigor de la ley se les aplicarán las previsiones contempladas en ésta.