El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor de PP y PSOE una nueva modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma con el objetivo de flexibilizar y facilitar los procesos de transformación a los que están abocados las entidades de ahorro de la Región.

Según ha explicado el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, durante la presentación del Decreto-Ley, la realidad del sistema financiero, la nueva normativa del Gobierno y las nuevas exigencias del Banco de España han hecho necesario llevar a cabo una nueva modificación de la Ley de Cajas en lo que ha definido como "un paso más en el complicado y largo proceso de reestructuración del sistema que empezó en 2008".

Así, se ha referido a una coyuntura financiera "en permanente evolución" y a las dificultades de las cajas para acceder a los mercados por la crisis que han derivado, a su vez, en una exigencia del regulador a estas entidades de alcanzar un 10 por ciento de 'core capital' y unos niveles de capitalización en unos "brevísimos plazos" que, en la práctica, obligan a su bancarización.

Ante estas circunstancias, el consejero ha considerado necesario llevar a cabo una nueva modificación de la Ley de Cajas con el objetivo de dar seguridad jurídica a las entidades en sus decisiones y facilitar los procesos de transformación y su fortalecimiento desde el convencimiento de que las entidades de ahorro de Castilla y León "no deben tener restricciones respecto al resto de cajas españolas para ganar solvencia y competitividad".

"Era necesario dar más flexibilidad para adoptar los acuerdos de transformación que exige el mercado", ha continuado Villanueva, cuyas palabras han sido respaldadas por el procurador socialista Julio López, que se ha centrado en la importancia de hacer todo lo necesario para reforzar el capital de Caja España-Caja Duero y para que el proceso de unión con Unicaja culminara con buen éxito desde el convencimiento de que si fracasaba no habría segunda oportunidad.

Tras asegurar que se ha trabajado "mucho y bien", López se ha mostrado convencido de que la unión de Caja España-Caja Duero con Unicaja es "una buena opción" con "consecuencias positivas" ya que creará una "entidad potente" con más de 80.000 millones de euros en activos y un plan de negocio por valor de 500 millones de euros que, de cumplirse en los plazos previstos, supondrá 150 millones de euros para obra social en Castilla y León, 10 veces más que en la actualidad.

A su juicio, era necesario además reducir el cuorum necesario para adoptar acuerdos y avanzar también en la regulación de otras cajas que ya se han convertido en bancos. Dicho esto, ha aprovechado la ocasión para reclamar "cierta reordenación" en la actuación de la Junta en los mercados financieros.

Desde el Grupo Mixto, que ha votado por separado (no de IU y abstención de UPL), su portavoz, José María González, ha cargado contra los partidos mayoritarios por no haber informado a los otros grupos de los acuerdos adoptados en torno al futuro de las cajas y de los que se han tenido que enterar por la prensa, según lamentado, cuando representan a más de 100.000 ciudadanos.

"no tenemos nada"

"Es una falta de respeto, cuesta muy poco coger el teléfono pedir opinión o comentar", ha insistido González, que ha considerado un "contrasentido" tratar de legislar ahora sobre unas cajas -entre las que ha citado Ávila, Segovia y Burgos— que ya no tienen ni clientes ni trabajadores propios o que se mantengan unos órganos de dirección "con un número desproporcionado".

González ha reconocido tener envidia de Galicia, Madrid e, incluso, País Vasco donde se ha llegado a un acuerdo entre Bildu y PP para conseguir una caja propia mientras que "nosotros no tenemos nada, ninguna".

La modificación de la Ley de Cajas de Castilla y León introduce, entre otras novedades, la reducción de cuatro quintos a dos tercios en la mayoría necesaria para la aprobación de operaciones de transformación de las entidades con el fin de facilitar la toma de decisiones "importantes" por parte de las asambleas.

Del mismo modo, se concreta el momento de la primera renovación parcial de los órganos de gobierno en las nuevas entidades de crédito surgidas de una fusión, tras el período transitorio y la constitución de sus órganos, aspecto hasta ahora no contemplado normativamente.

También se establece la obligación de realizar una adaptación de los estatutos y reglamentos de procedimiento electoral de las cajas de ahorros al tiempo de adoptarse por éstas los acuerdos de cesión global del activo y pasivo, escisión, de adhesión a un sistema institucional de protección o de ejercicio indirecto de la actividad financiera, de modo que respondan a la nueva situación de la entidad tras su transformación.

Se ha "completado" también el régimen jurídico de las fundaciones de carácter especial en las que pueden transformarse las cajas de ahorros de acuerdo con las recientes modificaciones normativas, equiparándolo al actualmente vigente para las fundaciones que gestionan la obra social de las Cajas de Ahorros. El objeto fundamental, según fuentes de la Administración regional, será la gestión de la obra social de la caja que se transforma, "pero al mismo tiempo preservando en la composición de su Patronato el reflejo de los diversos intereses sociales y colectivos inherentes a los órganos de gobierno de dichas entidades de crédito".

Estructura de los órganos de gobierno

Adicionalmente, con el fin de facilitar la disminución de los gastos de estructura y así preservar la continuidad de su obra social con el mayor alcance posible, se simplifica la estructura de órganos de gobierno actual y se posibilita la reducción del número de reuniones de éstos para los casos en que las Cajas de Ahorros no ejercen directamente la actividad financiera. De hecho los miembros de los órganos de gobierno que participen en la administración de la entidad bancaria instrumental puedan recibir percepciones de ésta en lugar de a cargo de la Caja de Ahorros.

Por otra parte, se concreta la forma de designación de consejeros generales por el subgrupo primero de entidades de interés general y los requisitos de éstos en caso de formar parte del consejo de administración. Por último, se establece la necesidad de dedicación exclusiva del cargo de Presidente en el supuesto de que tenga atribuidas funciones ejecutivas.