Los grupos WWF España y Ecologistas en Acción, coincidiendo con el debate en Pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía sobre la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz y sobre la que el Congreso de los Diputados tendrá la última palabra, han lamentado este martes que se trata de "una cuestión política y económica", más que social y medioambiental.

En este sentido, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Dolores Yllescas, ha señalado en declaraciones a Europa Press que las competencias sobre el Guadalquivir es una cuestión "económica", de ahí el hecho de que los tres grupos parlamentarios, PSOE, PP e IULV-CA, apoyen esta iniciativa. "El Guadalquivir supone 500 millones de euros anuales", ha asegurando, precisando que cuando "el Gobierno central transfirió las competencias a la Junta suponía 120 millones de euros anuales, así como las ayudas europeas, ascendiendo a un total cercano a los 500 millones de euros al año".

Además, supone la gestión de 53 embalses, 115 centrales hidroeléctricos, 94 depósitos, 60 estaciones de bombeos, 290 vehículos, 450 viviendas y edificaciones, así como 730 trabajadores. Ecologistas en Acción desea que "el poder que otorga este dinero y estos efectivos se use de la mejor manera posible y hasta ahora la gestión de la Junta no nos ha gustado, ya que no ha cambiando nada". En este sentido, ha añadido que "además, el Gobierno andaluz no ha realizado la mejor planificación, ni la más rigurosa, tampoco la Ley de Aguas nos gusta, ni el Plan Hidrológico del Guadalquivir".

Yllescas ha alertado de que si la Junta hubiera tenido competencias sobre el Guadalquivir y el dragado, éste "ya se hubiera hecho". "Como marca la Directiva Marco del Agua (DMA), interesa una gestión única y unitaria, rigurosa, cuidados y teniendo en cuenta el recurso agua como un elemento natural y no como dinero".

Por otro lado, ha cuestionado qué mejoras propone la Junta para la gestión del Guadalquivir. Además, considera que en este caso, "la Junta intenta evadir las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo".

Por su parte, la responsable del Programa de Aguas de WWF España, Eva Hernández, ha manifestado a Europa Press que la cuestión del Guadalquivir y del agua en general es "más política que social y medioambiental". En esta línea, ha criticado la manera "precipitada" con la que el Gobierno central modificó la Ley de Aguas, cuando "la urgencia no es política, sino cumplir con lo que propone la normativa de la DMA, es decir, hacer los deberos, sacar los planes de cuenca en condiciones y conseguir el buen estado ecológico de las aguas para 2015".

"no se pueden ceder por trozos"

"La gestión del agua no se puede ceder por trozos de competencias y de comunidades autónomas", ha lamentado. Por otro lado, ha instado a abrir un debate sobre el agua a nivel nacional, analizando "hacia dónde vamos, pues se arrastran Confederaciones Hidrográficas de principios del siglo pasado". Del mismo modo, solicita que se habrá la gestión del agua a la participación ciudadana y "no solo a regantes, hidroeléctricas e industrias".

Hernández cree que "no beneficia a Andalucía que se le transfieran las competencias de mala manera, pues éstas hay que tomarlas en su momento y después de hacer los deberes". "No hay que hablar de competencias, sino de la mejor manera de garantizar aguas para todos ahora y en el futuro".

"Si tomamos el agua como elemento político, las consecuencias las pagaremos todos", ha advertido, añadiendo que ahora "nos pegamos por ver quien manda más, cuando tiene que ser por el buen estado ecológico de las aguas".