El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rechazó una subida de la presión fiscal en la Comunidad e insistió en que los caminos que sigue el Gobierno autonómico para garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales pasa por "ejercer la austeridad" en los gastos y conceptos donde se pueda y la "priorización" de la utilización de fondos.

Herrera se expresó así en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del Grupo Mixto y coordinador de IU en Castilla y León, José María González, sobre la forma de mantener la promesa de no recortar los servicios públicos básicos en la Comunidad, en la que hizo mención a la negativa del Ejecutivo a implantar una fiscalidad "progresiva y justa".

El presidente de la Junta afirmó que aumentar la presión fiscal no está en el modelo "apoyado" por la mayoría de los ciudadanos en las últimas elecciones, algo en lo que difiere con Izquierda Unida. Sin embargo, sí que admitió un encuentro y una coincidencia en esforzarse a la hora de etsablecer una priorización del gasto y establecer "claramente" cuáles son los gastos que hay que asumir y cuáles los que hay que retrasar.

En este sentido, aseguró que incluso en años de "penuria y dificultad" Castilla y León no lo debe estar haciendo "mal" cuando organismos, asociaciones, entidades, la reconociendo, entre las comunidades autónomas que mejoran la calidad de los servicios públicos a pesar de la actual situación.

Tras calificar de "locura contradictoria" la política fiscal del Gobierno central, Herrera aclaró que ante la escasez de recursos públicos sólo hay tres "caminos posibles" como obtener más ingresos a través de mayores impuestos, ejercer la austeridad en el gasto y en los conceptos donde se pueda hacer y la priorización en el gasto, y se inclinó por estos dos últimos.

Herrera argumentó que subir impuestos penaliza a quienes lo están pasando mal pero además, en el caso de empresas y familias, no incentiva el consumo ni la actividad, pero además no excita la demanda, aspectos que hacen crecer el empleo y por lo tanto dotan de ingresos a los servicios públicos.

Además, añadió que no siempre la subida de impuestos supone una mayor recaudación y reafirmó su compromiso con los servicios públicos, al tiempo que apostó por la austeridad, eficiencia y priorización frente al aumento de la presión fiscal.

Por su parte, José María González, que aclaró que sus propuestas fiscales difieren, cuestionó cómo se van a mantener los servicios públicos, el derecho a la salud, las 65.000 prestaciones de la Dependencia o mantener a 85.000 empleados públicos. A este respecto, preguntó si va a ser haciendo desaparecer a los trabajadores eventuales en la Administración, que aclaró que no están al servicio de ésta, sino de los derechos sociales de Castilla y León.