La causa correspondiente al supuesto intento de soborno denunciado por la que fuera concejal no adscrita del Ayuntamiento de Camas Carmen Lobo cumple este miércoles su sexto aniversario. El caso, tramitado por el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla y depositado ya en la Oficina del Tribunal del Jurado, espera todavía su señalamiento al objeto de resolver el presunto delito de cohecho que pesa sobre el por antaño alcalde y actual coordinador local de IU-CA, Agustín Pavón, los exediles del PP y del PA en el Consistorio camero Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño.

El asunto estalló el 14 de septiembre de 2005 con la detención de Antonio Enrique Fraile, entonces concejal del PP en el Ayuntamiento camero; José del Castillo, concejal adscrito al PA; y el empresario Eusebio Gaviño, todos ellos actualmente procesados junto con el por entonces alcalde, Agustín Pavón, quien no fue arrestado pero muy pronto fue llamado a declarar ante la Policía Nacional en el marco de las diligencias que incoó el Juzgado de Instrucción número dos.

La exculpación de aureliano lucas

Aureliano Lucas, por entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, fue también llamado a declarar e incluido en las diligencias hasta que, en octubre de 2008, se decretó su exculpación. Meses antes, en mayo, la Audiencia Provincial había declarado nula la intervención del teléfono usado por el empresario Eusebio Gaviño al considerar que el auto que autorizaba dicha intervención ofrecía "un vacío total y absoluto de motivación", ya que en éste "no se consigna un solo indicio real que permitiera al juez una presunción razonable de los supuestos delitos" investigados.

El auto aclaraba, no obstante, que dicha nulidad "no implica el archivo de las actuaciones", pues existen distintas pruebas tales como la denuncia que destapó los hechos, grabaciones audiovisuales o declaraciones, entre otras, que "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad", de forma que el juez instructor, a quien la Audiencia devolvió entonces las actuaciones, disponía "de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".

El informe fonético

A partir de entonces, el Juzgado de Instrucción número dos retomó las diligencias hasta conducir la causa a su actual escenario, en el que tras ser archivados los recursos promovidos por las defensas de Pavón y Fraile reclamando la nulidad de las actuaciones, ha sido consumada la apertura de juicio oral mediante el procedimiento del tribunal del jurado. El caso, de hecho, está depositado en la oficina encargada de tales causas, a la espera de que sea fijada una fecha para la celebración de la correspondiente vista oral.

En el caso ha jugado un papel importante un informe elaborado por el área de Acústica del Departamento de Acústica e Imagen del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Se trata, en concreto, de un cotejo de voz fonético lingüístico entre la grabación original que dio lugar a las diligencias en 2005 y unas pruebas de voz practicadas a Pavón, Fraile, Del Castillo y Gaviño.

El informe, recogido por Europa Press, concluye que "no es posible realizar un cotejo de voz" por lo que a las muestras atribuidas a Antonio Enrique Fraile se refiere, mientras en el caso de los restantes tres imputados, este informe fonético lingüístico resuelve que "los resultados de los análisis" realizados entre la grabación original y las pruebas de voz "indubitadas" son "más fáciles de observar si aceptamos como cierta la hipótesis de que han sido realizados por una misma persona, que por una tercera persona con características lingüísticas similares".

Penas de cárcel de un año y medio

A tal efecto, la defensa de Antonio Enrique Fraile había solicitado que le fuese retirada la imputación a su cliente, si bien tras la audiencia preliminar celebrada el 7 de mayo de 2010 por el Juzgado de Instrucción número dos, la citada instancia judicial rechazó tal solicitud junto con las peticiones de sobreseimiento de las diligencias del resto de imputados. El juez atendía, así, a la petición de apertura de juicio oral formulada por la Fiscalía, que en su escrito de calificación solicita un año y medio de prisión para cada uno de los procesados por un presunto delito de cohecho por este supuesto intento de soborno.

Además de la mencionada pena de cárcel, el Ministerio Público reclama para cada uno de los cuatro procesados una condena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 24.000 euros.