El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander ha suspendido de forma cautelar la orden de derribo impuesta por el Ayuntamiento de Santander a las obras realizadas en el Centro de Formación de Ceoe-Cepyme Cantabria, tras un recurso presentado por la patronal.

El Ayuntamiento de Santander ordenó el pasado mes de junio el derribo de una serie de obras realizadas en este edificio tras comprobar que la se le había denegado la ampliación de la actividad, y daba a la patronal un mes de plazo para cumplir esa orden.

La patronal presentó un recurso contencioso administrativo contra esta orden del Ayuntamiento de Santander, según han informado a Europa Press fuentes judiciales y municipales.

Además, Ceoe-Cepyme pidió la suspensión cautelar de la ejecución de sentencia, medida que finalmente ha acordado el juez, como medida provisional hasta que se resuelva sobre el contenido del recurso, esto es, sobre si deben o no derribarse las obras en la nave.

Las obras, como describe un informe municipal recogido por Europa Press, afectan a cuestiones como los alicatados, el aislamiento, la carpintería, o el desmontaje de un ascensor, y tienen un coste estimado de 32.506 euros.

De momento, Ceoe sigue con los cursos de formación previstos en esta sede para los próximos meses, tal y como difunde en la Web de su Fundación Formación.

Denuncia de díaz de villegas

Estas obras fueron las que mencionó el secretario general de la patronal, Yves Díaz de Villegas, dentro de las "irregularidades" que denunció públicamente el pasado mes de febrero, en la adjudicación de servicios de Ceoe a empresas que vinculó directamente con el presidente, Miguel Mirones.

En ese documento, Díaz de Villegas relataba que en febrero de 2008 Mirones acordó la búsqueda de una nave industrial para un nuevo centro de formación para oficios cuya formación exigiera superficies para albergar maquinaria pesada, como carretillas elevadoras, o torres de alta tensión.

Tras recibirse tres ofertas, "dos muy similares", el contrato se adjudicó a la tercera, propiedad del "cuñado de Miguel Mirones", con un coste mensual de alquiler de 5.968 euros.

La nave de Campogiro requería "enormes inversiones" para su reforma, con obras de las que hasta febrero se habían gastado 651.896 euros (254.036 de ellos aportados por el Gobierno de Cantabria como subvención) y que se realizaron sin permiso del Ayuntamiento de Santander.

Al carecer de esa autorización, el uso realmente permitido sería el que estaba autorizado: la fabricación de cepillos de dientes, de modo que las homologaciones necesarias para los cursos no se podrían conseguir.

Díaz de Villegas se remitía a un informe que cifraba en 198.898 euros el dinero perdido en 2010 en esta nave, que se sumaba a una cifra similar en 2009.