El senador del PP Rafael Salas ha vuelto a pedir este sábado una "comisión de investigación" sobre el "escandalazo" de los supuestos fraudes en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en el seno del Parlamento de Andalucía porque, a su juicio, "aún hay tiempo para que se sepa la verdad".

En rueda de prensa en Sevilla, Salas ha lamentado que un "escandalazo de magnitudes extraordinarias como es el de los ERE" haya tenido un único resultado hasta la fecha: "cientos de irregularidades, cero comisiones de investigación". Ante ello, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que constituya una comisión de investigación en la Cámara andaluza. Sobre todo, "si quiere seguir dándonos continuamente lecciones de transparencia y calidad democrática".

Según Salas, las últimas declaraciones de los imputados por los ERE "ratifican las irregularidades y saqueos de los fondos públicos que se produjeron en aquellos años de descontrol y de 'mangoneo' del dinero de todos los andaluces", así como que el dinero de la partida 31L, también conocida como el 'fondo de reptiles', "se repartía a manos llenas, sin orden, sin procedimiento administrativo y sin control".

"Era un reparto de fondos que conocían y toleraban los responsables públicos, empezando por los consejeros y, sin duda alguna, por el señor Chaves y Griñán", ha asegurado tras señalar al presidente de la Junta, que por entonces era consejero de Hacienda, como el responsable "de impulsar y ampliar aún más el reparto de los fondos de reptiles".

Por todo ello, el 'popular' ha insistido en que su partido y la ciudadanía merecen conocer "la verdad" y que, tanto en el PSOE-A como en el Gobierno andaluz, se asuman las "responsabilidades políticas de este grave caso de presunta corrupción, el caso de los fondos repartidos sin ton ni son".

Finalmente, el PP-A ha calificado este asunto "como el manual de los chanchullos y del mal gobierno que ha tenido Andalucía en estos 30 últimos años" y lo ha señalado como un ejemplo "de la falta de transparencia y colaboración con la justicia" de los responsables del Gobierno andaluz, "que dicen una cosa pero ratifican la contraria".