El PP-A defenderá una proposición no de ley el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz en la que solicita que la institución exprese su apoyo a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, consensuada por el Partido Popular y el PSOE, que se está tramitando en las Cortes Españolas y a la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria.

De igual manera, el grupo popular plantea en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el Parlamento considere necesario y acertado el establecer un límite de déficit público estructural y fijar un límite máximo de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas en función del Producto Interior Bruto de acuerdo con los valores de referencia europeos.

El grupo popular también demanda a la Junta en su iniciativa que ajuste sus normas y decisiones económicas, financieras y presupuestarias al acuerdo constitucional alcanzado y a las normas que lo desarrollen, mediante las disposiciones legales que procedan.

En la exposición de motivos de la proposición, el PP-A señala que la evolución de las cuentas públicas desde 2008 hasta la actualidad ha puesto de manifiesto que actitudes poco responsables que no garanticen la estabilidad presupuestaria, se acaban traduciendo en una excesiva acumulación de endeudamiento público que pone en duda la viabilidad del sector público, fulmina la credibilidad de la economía española, impide la normal financiación del desarrollo económico y, en último término, conduce a recortes en las prestaciones sociales y a subidas inequitativas de impuestos.

Añade además que el volumen excesivo de endeudamiento público produce enormes distorsiones, no sólo en el resto de la economía nacional (dificultad de financiación del conjunto de la economía y abruptos cambios en la política fiscal), sino también en la capacidad de prestación de los servicios públicos esenciales por parte de las administraciones competentes, que provocan graves pérdidas de bienestar y de confianza.

Para el Partido Popular, en este sentido y acertadamente, la reforma de la Carta Magna pactada por PSOE y PP establece como mandato constitucional la disciplina presupuestaria, aportando la certeza de que todas las decisiones de gasto de los gobiernos de todas las administraciones públicas de España se adoptarán de acuerdo con el volumen de ingresos del que ordinariamente disponen. "Esto significa que, con este acuerdo, definimos un mismo futuro de estabilidad presupuestaria para toda España", según los populares.

A su juicio, con la reforma de la Constitución que se ha acordado se asegura una mayor transparencia de los gobiernos y se evita que se trasladen a generaciones futuras las consecuencias de los excesos presupuestarios, al tiempo que el consenso parlamentario garantiza la viabilidad financiera de los servicios y prestaciones públicas que componen nuestro Estado del Bienestar.