El dueño de Grupo Jale, el empresario José Antonio López Esteras, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil 1 de Cádiz la separación de los administradores concursales de Jale y la devolución de las cantidades "presuntamente cobradas sin autorización judicial".

Según indica López Esteras en una nota remitida a Europa Press, tras el reciente auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, por el que se requiere personalmente a los administradores concursales del Grupo Jale para que "devuelvan a la masa las ingentes sumas indebidamente cobradas", el empresario ha solicitado al juzgado que, "dada la gravedad de los hechos y de oficio, acuerde la separación de dichos administradores concursales".

Mediante un escrito presentado en el Juzgado de Cádiz, López Esteras pone de manifiesto que, "por el cobro indebido, los administradores concursales han podido incurrir en administración desleal y han podido tener una actuación contraria a la diligencia de un ordenado administrador y representante leal y haber actuado en contra de las sociedades del Grupo Jale y de sus acreedores".

Por ello, se ha solicitado que, "de oficio y dada la gravedad de los hechos y las importantes sumas indebidamente cobradas, el Juzgado acuerde la separación de dichos administradores concursales, posibilidad prevista en la ley Concursal para estos supuestos".

Asimismo, en dicho escrito López Esteras pone de manifiesto que los administradores concursales, tal y como acordó el Juzgado en el mes de mayo de 2011, "han de devolver las sumas indebidamente cobradas a la mayor brevedad", por lo cual "se ha solicitado que se compruebe si han devuelto el dinero para, en caso contrario, iniciar contra ellos las acciones que correspondan".

Esta semana, la juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz que emitido un auto en el que requiere "personalmente" a los administradores concursales del Grupo Jale —empresa declarada en suspensión de pagos— para que procedan a reintegrar a la masa activa de acreedores las cantidades por ellos cobradas "sin autorización judicial y sin permiso de la juez", cifradas en cerca de tres millones de euros.