La Junta de Castilla y León y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han formalizado este viernes un último tramo de 100 millones de euros de un préstamo total de 300 para inversiones medioambientales en la Comunidad, cantidad a la que la Junta aportará otra igual con el fin de invertir en la mejora de la calidad del agua o prevenir incendios.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, han mantenido un encuentro en el que se ha formalizado este último tramo de un préstamo de una línea de financiación que se enmarca dentro de la estrecha colaboración que mantiene el Gobierno autonómico con el BEI desde 1989, que ha permitido a la Junta acceder a una cifra cercana a los 1.300 millones en créditos en las últimas dos décadas (el Banco mantiene en Castilla y León préstamos por importe de 5.600 millones en total).

La operación que se ha completado hoy, bautizada como 'Castilla y León Environment', permite cubrir una parte importante del endeudamiento a largo plazo autorizado para este año. De hecho, el Banco Europeo de Inversiones es ya el principal prestamista de la región. El crédito fue aprobado por el Consejo de Administración del BEI el pasado 1 de febrero y deberá devolverse en un plazo máximo de 20 años. De los 300 millones de euros autorizados, 200 ya han sido desembolsados.

El Ejecutivo de la Comunidad podrá acceder a los 100 millones restantes en los próximos días en virtud de los contratos suscritos esta mañana por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo; la vicepresidenta de la entidad financiera europea, Magdalena Álvarez; y el consejero delegado de la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez.

El préstamo se destinará íntegramente a inversiones medioambientales en Castilla y León, y en concreto a infraestructuras hidráulicas y proyectos relacionados con el sector forestal. Tiene 20 años de amortización, cinco de carencia y el tipo de interés permite un ahorro de 111 millones de euros, con una ventaja de unos 400 puntos básicos en comparación con un producto del mercado.

Magdalena Álvarez considera que estas inversiones tendrán un efecto muy positivo desde el punto de vista medioambiental, de la salud de los bosques, la captura de CO2 o la mejora de la utilización de los espacios naturales, entre otros beneficios.

Además, añadió que otro de los objetivos que se persigue es crear empleo en el medio rural, ya que la densidad de población de la Comunidad requiere "esfuerzos adicionales" para fijar población.

Condiciones favorables

Por su parte, Pilar del Olmo, que al igual que Álvarez destacó la magnífica relación entre la Junta y el BEI, destacó el ahorro que supone esta operación con respecto al mercado y las diferentes posibilidades que permite este tipo de préstamos.

En concreto, señaló que este tipo de financiación, además de la realización de infraestructuras, permite ofrecer un apoyo a las pymes de la Comunidad, ya que de los 200 millones que anteriormente se han hecho efectivos ya (del mismo crédito de 300), 50 millones han ido destinados a préstamos para pequeñas y medianas empresas a través de la Agencia ADE.

Pilar del Olmo destacó la flexibilidad de este tipo de préstamos, sobre todo en un momento en el que hay dificultades de financiación también para la Comunidad y adelantó que ya se trabaja en otras operaciones de cara al año 2012.

En cuanto a las inversiones que se desarrollarán con estos 100 millones, de ellas se encargarán la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la empresa pública Somacyl. En el primer caso, las obras que se financian pretenden garantizar el abastecimiento de agua en zonas donde se ha incrementado la población-aumentando la capacidad de distribución-y mejorar la calidad tanto del agua potable como de los efluentes que se vierten a las aguas superficiales.

En segundo lugar, el BEI apoya las forestaciones previstas dentro del Programa Regional de Desarrollo Rural 2007-2013, que también reciben fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Para ello se sufragan medidas silvícolas dirigidas a prevenir el riesgo de incendios forestales; repoblaciones en bosques degradados o dañados que suman una superficie de 4.738 hectáreas; la recuperación forestal de 28.100 hectáreas de terrenos agrícolas; la plantación de álamos de rápido crecimiento en 5.000 hectáreas; y medidas destinadas a promover la demanda de biomasa derivada de la bioenergía.

Estas inversiones proporcionarán múltiples beneficios ambientales, entre los que figuran la protección de la biodiversidad, la mejora de la salud del ecosistema forestal, la captura de gases de efecto invernadero, la reducción de la erosión del suelo y la gestión del agua.