El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha señalado que la propuesta de ejecución temporal de derribos marca una "hoja de ruta adecuada" que, además de cumplir con la legalidad vigente, aporta "racionalidad, proporcionalidad y sentido común" a un "gravísimo problema económico, social y personal en muchos casos".

La propuesta, según ha avanzado el Gobierno en un comunicado, no solo incluye un calendario para llevar a cabo los derribos que "necesariamente" se tienen que acometer, sino que al mismo tiempo plantea unos escenarios de posibles legalizaciones en aquellos casos que sean susceptibles de ello.

El plan ha sido firmado este miércoles por el Gobierno de Cantabria y los seis municipios afectados por sentencias de derribo -Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera-, y será entregado mañana a la jurisdicción contenciosa competente.

Desde el Gobierno se destaca que la propuesta responde al compromiso que el presidente regional, Ignacio Diego, "asumió nada más tomar posesión en el cargo para solucionar una problemática que afecta a cientos de ciudadanos cántabros".

La propuesta ha sido firmada, por parte del Gobierno cántabro, por el propio presidente, Ignacio Diego, y el consejero de Urbanismo, Javier Fernández. Por su parte, los ayuntamientos han estado representados por sus respectivos alcaldes: Juan José Barruetabeña (Argoños), Carmen Pérez (alcaldesa de Arnuero en funciones), Juan José Alonso (Escalante), Avelino Cuartas (Miengo), Enrique Torre (Piélagos) y Julián Vélez (San Vicente).

Ignacio Diego ha destacado el "liderazgo imprescindible" que sobre este tema ha asumido el Gobierno que preside y ha agradecido la disposición colaboradora de todos los ayuntamientos afectados y su "flexibilidad" para consensuar un documento que incorpora fechas concretas de demolición y que es "absolutamente respetuoso" con las sentencias existentes.

"enorme concreción"

Por su parte, Javier Fernandez ha explicado que el texto, que él mismo entregará mañana jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), tiene un "enorme nivel de concreción", ya que analiza cada uno de los supuestos "municipio a municipio y vivienda por vivienda".

El próximo día 14 de septiembre se celebrará una reunión con los integrantes de la Sala de lo Contencioso para que éstos planteen las observaciones que estimen oportunas e indiquen si la propuesta es adecuada o no.

"Nosotros entendemos que sí porque no prejuzga nada, sino que simplemente diferenciamos entre aquellos supuestos en los que sí se va a llevar a cabo una demolición y por problemas presupuestarios se escalona en el tiempo su ejecución, y aquellos otros en los que, mientras tanto, se ve la posibilidad de estudiar posibles legalizaciones porque la situación jurídica y fáctica de esas urbanizaciones ha cambiado", ha dicho Fernández.

En este sentido, ha añadido que hay urbanizaciones afectadas que hoy en día se encuentran en el centro de los pueblos y sería "inexplicable socialmente" tener que derribarlas, por lo que el documento que este jueves entregará en Las Salesas ofrece a los órganos judiciales posibles soluciones a esas viviendas.

En todo caso, Javier Fernández ha asegurado que son los jueces quienes tendrán "la última palabra" al respecto, mientras que el Ejecutivo y los diferentes ayuntamientos asumen en este caso el papel de "colaboradores" con la justicia "desde el respeto a la libertad e independencia de cada órgano".

Finalmente, ha felicitado a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo por el esfuerzo realizado para elaborar el documento y especialmente por su diligencia en la redacción del mismo, que considera justificada ante la urgencia que este tema plantea en la sociedad cántabra.