La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha afirmado que se debían haber liquidado las Cámaras Agrarias "hace un año" pero se ha intentado en este tiempo que los trabajadores pasaran también a formar parte de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) junto con el patrimonio.

En respuesta a una pregunta del PP en el Parlamento, Aguilera ha asegurado estar "orgullosa" de extinguir las Cámaras Agrarias, porque "sus funciones las realizaba la Consejería" y eran "obsoletas y sin sentido", aunque ha lamentado "el despido de los trabajadores".

Aguilera ha señalado que del total de 74 trabajadores de las Cámaras Agrarias y que "no era personal laboral de la Junta", 68 han formado parte de un expediente de regulación de empleo (ERE) y seis han sido prejubilados.

La consejera ha apuntado que este año se ha intentado que las organizaciones agrarias integraran a los trabajadores de éstas Cámaras ya que a ellas se cedía el patrimonio de las mismas "de forma gratuita", pero al no ser posible, la Junta ha decidido crear una comisión liquidadora y presentar el ERE, que está tramitando la Consejería de Empleo.

Por su parte, el diputado 'popular' Bartolomé Madrid Olmo ha señalado que este colectivo cuenta con más de 30 años de experiencia y ha considerado "indecente e inmoral" que tras "prometerles" que no habría despidos "se les ha engañado" y se ha presentado este ERE.

Además, ha criticado las condiciones del ERE de 20 días de indemnización y doce mensualidades como máximo y ha instado a "mirar" a los que "han entrado a la Junta por la puerta de atrás" y no a un colectivo de 68 trabajadores que "no son las creadores de la ruina clamorosa" de Andalucía.

Fincas del iara

Por otra parte, la consejera ha respondido a una pregunta de IU sobre las fincas del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), donde ha apuntado que la venta y subasta de las fincas del IARA responde a la necesidad de dinamizar y poner en valor el patrimonio agrario andaluz, en algunos casos infrautilizado, para que sirva como elemento generador de riqueza y empleo en el mundo rural.

El procedimiento para la finalización de asentamientos agrarios acogidos a la Ley de Reforma Agraria de 1984 se inició el año pasado con el objetivo fundamental de resolver la demanda de lo colonos "quienes desean acometer la compra de esas tierras en las que vienen trabajando desde 20 o 25 años", asegura Aguilera.

Asimismo, desde la puesta en marcha de este proceso, la Consejería ha mostrado una especial sensibilidad con los colonos, de forma que la enajenación de fincas a este colectivo no se realiza a precios de mercado, sino de acuerdo a la rentabilidad de la finca en cuestión, aplicándose sobre ese precio una reducción de hasta el 65 por ciento en función de criterios de antigüedad en la explotación como concesionario, generación de empleo en dicha finca y el esfuerzo inversor realizado en la misma, siendo la propia Junta de Andalucía la que realiza la hipoteca.

Si bien el objetivo prioritario para la finalización de asentamientos agrarios es resolver la situación de los colonos , "también es muy importante la venta del patrimonio libre ya que puede dar mayor disponibilidad financiera a las arcas de la Junta". Sin embargo, la titular del Departamento asegura que "la situación de crisis económica está afectando la demanda de compra de fincas libres por lo que, hasta el momento, la venta del patrimonio está teniendo mayores dificultades".

Por su parte, el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo ha pedido que se abra una tercera vía para estas fincas para aquellos que no queriéndola en propiedad si persiguen otro modelo agrícola. En este sentido, ha criticado la privatización de este patrimonio "al mejor postor" y no a aquellas fórmulas de índole más social.