El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio favorable a la proposición presentada por el Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía para modificar la Ley Andaluza de Universidades (LAU), con el objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, entre otros. Para garantizar la calidad de los servicios universitarios andaluces, la propuesta también especifica que debe quedar regulado por ley que la consejería competente en materia de universidades será encargada de realizar las actividades inspectoras y sancionadoras.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno los motivos que justifican la reforma de la citada ley.

Entre las modificaciones planteadas en la iniciativa socialista, figuran las relativas a la adecuación de tipologías de profesorado, con la creación de nuevas figuras contractuales que facilitarán la enseñanza práctica-clínica en el campo de la salud a través de la vinculación de plazas asistenciales de instituciones sanitarias con puestos docentes de los cuerpos de profesores de universidad y de profesor contratado doctor. Esta medida tiene como objetivo facilitar que el profesorado universitario compatibilice el dominio tanto de las materias académicas como de la práctica clínica y la labor asistencial.

La proposición de Ley incluye como nuevo principio el del fomento de la cultura emprendedora para garantizar la vinculación entre investigación universitaria y sistema productivo. En esta línea, se abre la posibilidad de que las universidades participen en la creación de empresas de base tecnológica, parques científicos y tecnológicos y otras entidades del ámbito de la innovación. De igual modo, se incluyen medidas para potenciar la formación sobre creación y gestión inicial de negocios y apoyar, en las fases iniciales, a las empresas surgidas de la aplicación de conocimientos universitarios.

Otro bloque de modificaciones se dirige al establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad; la promoción e integración de las enseñanzas virtuales; la potenciación del Sistema de Información Universitaria; el reforzamiento del papel de los Consejos Sociales de las Universidades como elementos de interrelación con la sociedad; la adecuación de la composición del Consejo Andaluz de Universidades a la estructura de la Consejería competente en materia de Universidades.

La proposición incluye asimismo disposiciones para incorporar la regulación por ley en materias de expropiaciones y de enseñanzas superiores que se imparten en la comunidad autónoma por universidades extranjeras pero que no forman parte del Sistema Universitario Andaluz. Respecto al primero de estos aspectos, se plantea el reconocimiento para las universidades públicas de la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas que lleven a cabo las administraciones públicas para la instalación, la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos universitarios.

Para garantizar la calidad de los servicios universitarios andaluces, la propuesta también especifica que debe quedar regulado por ley que la Consejería competente en materia de Universidades será encargada de realizar las actividades inspectoras y sancionadoras.

Finalmente, la proposición incorpora una disposición adicional de reconocimiento de la Universidad Loyola de Andalucía como universidad privada, en el marco del Sistema Universitario Andaluz.

La mayor parte de las modificaciones propuestas responden a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; la Ley 16/2007, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, modificada por la Ley 1/2011, de Reordenación del Sector Público de Andalucía; la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada el pasado mes de mayo.