La Generalitat Valenciana está decidida a acabar con dos de los problemas crónicos del sistema educativo autonómico: la existencia de barracones en los centros públicos y el fracaso escolar que lastra los resultados académicos de los estudiantes. El jefe del Consell, Alberto Fabra, ha encargado al conseller José Císcar la elaboración de un plan para acabar “en un plazo mínimo de tiempo” con las 900 aulas prefabricadas en las que estudian 19.000 alumnos valencianos. Además, el anunciado Plan de Choque contra el fracaso escolar incluirá la firma de un contrato-programa por parte de los colegios e institutos que fijará sus objetivos y hará que reciban recursos en función de sus resultados.

Estas son dos de las líneas básicas en las que trabajará la Conselleria de Educación en los próximos meses, tal y como ha destacado su máximo responsable en la presentación de los datos del inicio del curso escolar 2011/2012. El relevo al frente de este departamento y en la propia presidencia del Consell ha supuesto un cambio de discurso, tanto en las formas, más cercanas al diálogo con todos los sectores, como en el fondo, al abordar sin reservas las deficiencias del sistema.

Las tres direcciones territoriales de la Conselleria están realizando ya un “trabajo exhustivo” para chequear la realidad centro a centro y municipio a municipio en cuanto a aulas y necesidades de escolarización. Cuando estas cifras estén listas, se elaborará un plan individualizado para eliminar los barracones, ha explicado el conseller.

“Nosotros tenemos fracaso escolar, eso es una evidencia y tenemos que luchar contra él”. Las palabras de Císcar contrastan en gran medida con la posición de su antecesor, Alejandro Font de Mora, que negaba validez a los estudios que dejan a la Comunitat Valenciana a la cola en rendimiento académico. El Plan de Choque, cuyas líneas básicas estarán listas en seis meses, incluirá desde una nueva ley de formación de personas adultas hasta pruebas libres para la obtención el título de Bachillerato, pasado por la flexibilización del horario de tutorías para padres y mayor formación del profesorado en idiomas y nuevas tecnologías.

En cuanto a los contratos-programa, se plantearán en todos los centros, tanto públicos como privados, aunque con diferentes objetivos en función de lo que demanden los equipos directivos y de la situación de los mismos. Preguntado sobre si supondrán una descarga de responsabilidad de la Administración sobre los centros, Císcar niega la mayor: “Este conseller ni su equipo directivo quieren eludir ningún tipo de responsabilidad, yo lo veo como una ayuda”.

Las otras dos propuestas novedosas son el plan de educación plurilingüe, cuyo decreto está negociando en este momento la Conselleria con la comunidad educativa, y el impulso a los centros concertados con cesión de suelo público, en cuyos primeros pliegos se está ya trabajando. Además, 24 institutos de Secundaria están probando en una experiencia piloto los libros electrónicos, y otros 24 más lo harán el curso que ahora se inicia. Según los cálculos de la Administración, supondrá un importante ahorro.

Ajuste universitario

El principal recorte presupuestario de la Generalitat en materia educativa tendrá que ver, según ha desvelado José Císcar, con las universidades públicas. Se trata de un plan de ajuste que ya se ha presentado a los rectores, “y que han aceptado”, consistente en un aplazamiento de los pagos que recibirán de la Administración hasta 2022. Esto permitirá “aliviar las arcas públicas para atender otros pagos que en este momento son más perentorios” al tiempo que las universidades podrán funcionar al tener reconocidas las obligaciones de pago en sus balances anuales.

El curso 2011/2012, en cifras

Las clases comienzan con 784.191 alumnos entre enseñanza pública y concertada, un 2,5% más que el curso anterior. El mayor incremento se produce en Formación Profesional, con un 11,2% más de estudiantes. En cambio, la crisis ha hecho caer un 5,9% el número de alumnos extranjeros. Las ratios alumnos/profesor suben ligeramente en todos los niveles al iniciarse el curso con 402 docentes menos. El presupuesto destinado a ayudas de libros, comedor y transporte ascienden a 221,1 millones de euros.