El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha declarado extinguida la acción penal promovida contra el exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense José Gallardo y el empresario Juan José Pérez Parra, contra quienes pesaban cargos por un posible delito de malversación de caudales públicos, al constatar la "muerte de los imputados". Ambos figuraban en las diligencias previas incoadas por dicha instancia judicial a cuenta de la documentación que, en 2007, reveló el presidente de la Coordinadora de Asociaciones Independientes (CAIS), José Baena, en cuanto a facturas por valor de 5.266,81 euros cargadas por J.P. Construcciones al Ayuntamiento de Sevilla por trabajos que no habrían sido consumados.

En un auto fechado el pasado 22 de agosto y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial explica que a través de "un oficio de la Policía Nacional" y la comparecencia del hijo de José Gallardo, concejal entre 1995 y 2003 y delegado del distrito Este cuando supuestamente ocurrieron los hechos investigados, ha tenido "conocimiento" de la defunción de ambos imputados. A tal efecto, declara "extinguida la acción penal" contra José Gallardo y el empresario Juan José Pérez Parra, subsistiendo la acción civil contra "sus herederos y causahabientes".

Fue el pasado 8 de abril de 2011 cuando José Gallardo, entonces presidente del Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol, fallecía en el hospital Virgen del Rocío víctima de una neumonía. Pérez Parra, de su lado, había muerto unos años antes.

Las facturas del distrito este

El pasado otoño de 2010, el Grupo de Delincuencia Económica y Financiera de la Brigada Provincial de la Policía Judicial elevó un informe al juzgado de Instrucción número 20 dando cuenta de las últimas investigaciones en cuanto a los hechos reflejados por la documentación esgrimida por José Baena. Este dirigente vecinal, en concreto, alertó al juez de que el 24 de mayo de 2007 "se hizo entrega por parte de una persona desconocida de copias de unas facturas emitidas por J.P. Construcciones con cargo al Consistorio por 5.266,81 euros, por unos supuestos trabajos realizados en abril y mayo de 2003 consistentes en el cambio de solería en las avenidas Ildefonso Marañón Lavín y Ciudad de Chiva".

El presidente de la CAIS comprobó en persona que los trabajos no habrían sido realizados y, posteriormente, la Policía Judicial señalaba en este informe que "ha quedado acreditado que no queda ningún vestigio" del solado de hormigón pulido en color verde que se iba a realizar. La declaración ante los investigadores de la presidenta de la asociación de Vecinos de Alcosa, según este documento recogido por Europa Press, "no pudo ser más contundente, toda vez que tiene fijado su domicilio en una de las avenidas referidas y niega de manera taxativa que en las fechas investigadas, así como en años anteriores ni posteriores, se llevaran a cabo obras de índole como las descritas, ni otras".

Ausencia de concordancia

La Policía indicaba en este informe que en 2003 J.P. Construcciones emitió facturas con cargo al Distrito Este, no ya por los 5.266,81 euros referidos, "sino por 269.412,24 euros, siendo necesario hacer constar que no todas las facturas investigadas carecen de un trasfondo laboral y/o económico". De las tres investigadas, la Policía pudo averiguar "la falta de concordancia entre los metros cuadrados de superficie de hormigón pulido verde facturados al Distrito Este y los abonados a la mercantil Masterpul, subcontrata que llevó a la práctica los trabajos", agregando que cuando Masterpul emitió el 20 de mayo de 2003 una factura "por el fratasado de 789 metros cuadrados en color verde, J.P. Construcciones había facturado al Ayuntamiento 471 metros cuadrados".