La directora general de Pesca de la Consejería de Agricultura y Pesca, Margarita Martín, ha calificado este viernes de "durísima" la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) propuesta por la Comisión Europea, ya que a su juicio, se olvida de "los pescadores, los empresarios de la pesca y de las tripulaciones".

En declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con representantes del sector pesquero onubense, el cual comparte la postura de la administración autonómica, Martín ha incidido en que la reforma supone "más que una reforma, una reconversión".

Del mismo modo, la directora general ha defendido la labor y el trabajo del sector pesquero andaluz, por lo que ha lamentado que desde la Comisión Europea no se tenga en cuenta, como es el caso del litoral andaluz, a "las zonas altamente dependientes de la pesca".

En esta línea, ha recordado que la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, defendió "un enfoque ecosistémico de la reforma", es decir basado en equilibrar los recursos pesqueros y los aspectos socioecómicos, pero este último, "no existe" en esta reforma.

Asimismo, Martín ha dejado claro que la Junta de Andalucía va a exigir a la Comisión Europea "poner sobre la mesa una financiación fuerte y suficiente" si finalmente se lleva a cabo esta reforma, que ha tildado de "conservacionista".

Respecto a asuntos que contiene la reforma como lograr el rendimiento máximo nacional sostenible en el horizonte de 2015 es "imposible", así como ha añadido que esto llevaría parejo una retirada "brutal" de la actividad.

Además, ha incidido en la importancia de que en el caso de llevar a cabo los desguaces establecidos se acompañen con la financiación correspondiente, ya que "la reforma es muy dura", a la par que ha mostrado su rechazo a la eliminación de los descartes, que afectaría principalmente a la flota de arrastre que realiza una pesca multiespecífica.

De otro lado, se ha referido a la necesidad de que se valore a la pesca costera artesanal y el marisqueo como actividades pesqueras, ya que se tratan de actividades "muy importantes" en Andalucía. Por ello, ha criticado que se establezca el límite de 12 metros de eslora para distinguir entre las embarcaciones que puedan tener ejercer o no los derechos individuales transferibles de pesca. "¿Se van a quedar fuera barcos por dos centímetros?", se ha preguntado.

Esta reunión responde al deseo de la Consejería de consensuar con el sector el posicionamiento andaluz ante esta política europea con el fin de aunar fuerzas para defender los intereses de Andalucía. En este sentido, la Administración y las organizaciones acordaron en julio trabajar durante el mes de agosto en la elaboración de un documento donde se recojan las necesidades del sector pesquero y acuícola andaluz y sirva de instrumento para defender los intereses de la flota andaluza ante Bruselas. En este mes volverán a reunirse para poner en común dicho documento.

En este sentido, el delegado provincial de Agricultura y Pesca, Cristóbal Romero, ha insistido en la necesidad de que la reforma de la Política Pesquera Común incluya medidas que garanticen la sostenibilidad social y económica del sector al tiempo que lucha por salvaguardar los caladeros.

Desde que se conociera la propuesta de la Comisión Europea sobre esta reforma, la Consejería ha mostrado su apoyo a las artes de pesca artesanales defendiendo que éstas deben distinguirse de la pesca industrial en la reforma dadas las grandes diferencias entre ambas flotas. Asimismo, Agricultura y Pesca mantiene su reserva ante la introducción de concesiones comercializables (ITQ) que quiere llevar a cabo la Comisión, ya que teme que ésta pueda resultar perjudicial para las embarcaciones de menor tamaño al dar pie a la aparición de un "mercadeo de cuotas".

Posición del sector

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Mariano García, ha querido dejar claro que la reforma es "una reconversión" e incluso ha adelantado que "mucha flota va a desaparecer si esto sigue adelante", por lo que ha abogado por "buscar apoyos en distintos ayuntamientos de la costa para hacer un frente común" al objeto de que "esta propuesta no salga adelante y si sale, sea lo menos dañino".

"No se puede permitir que un sector como el del Golfo de Cádiz que ha realizado un desguace (ha desaparecido el 30 por ciento de la flota desde 2007 hasta hoy), el cual "otras regiones no han hecho y tengamos que pagar nosotros las consecuencias", ha agregado.

Por último, ha alertado de que en caso de ser aprobada la reforma puede darse "un mercadeo privado", como se ha dado en el caso agrario, de manera que "el tema económico no sea todo lo favorable que se desea y tengamos que malvender el pescado".