Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO en Cantabria han convocado concentraciones ante la Delegación de Gobierno los días 1 y 3 de septiembre y una manifestación el día 6 por las calles de Santander en protesta por la reforma constitucional pactada por los dos grandes partidos para limitar el techo de gasto de las administraciones públicas.

Los secretarios generales de los tres sindicatos anunciaron las movilizaciones este miércoles en una rueda de prensa conjunta en la que criticaron tanto la forma como el fondo de la reforma constitucional e hicieron un llamamiento a la sociedad en general, y en especial a la sociedad organizada, para salir a la calle y dar una respuesta "unitaria y contundente" contra lo que consideran "una huida hacia adelante en la intención del Gobierno de seguir recortando derechos y Estado de Bienestar".

Las concentraciones previstas para este jueves y el sábado serán a las 12 del mediodía ante la Delegación de Gobierno, y la manifestación del martes 6 comenzará a las 19.30 horas en la Plaza de Numancia para finalizar en la Plaza Porticada. Las protestas cuentan ya con el apoyo expreso de Izquierda Unida, el Consejo de la Juventud y Juventudes Comunistas. Los sindicatos tienen previsto mantener esta tarde una reunión con una quincena de organizaciones sociales a las que propondrán su adhesión a las movilizaciones.

El secretario general de CC.OO., Vicente Arce, ha criticado la forma en que se ha fraguado el acuerdo para la reforma constitucional, "con nocturnidad y alevosía, en 15 días, durante un periodo vacacional y con escasa o nula participación ciudadana". Además ha reclamado la celebración de un referéndum y se ha preguntado "dónde están las manifestaciones realizadas por el Gobierno, al hilo de las protestas del 15-M, sobre una mayor participación de la sociedad en las decisiones que se toman".

"siguen pagando los mismos"

Arce ha destacado que los sindicatos reconocen que la situación de la economía es "crítica" y por eso se han reunido con el presidente del Gobierno y le han propuesto una serie de medidas como la contención salarial y de precios, la reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, etc. "La situación no está como para tirar cohetes pero rechazamos rotundamente las medidas del Gobierno, que hacen que sigan pagando los mismos las consecuencia de la crisis", ha señalado.

Por su parte, la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, ha criticado que PP y PSOE hayan optado por reformar la Constitución para fijar el techo de gasto porque eso "condiciona los presupuestos de todas las administraciones" -Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- y las "priva de autonomía para decidir sobre el gasto o la inversión".

En su opinión, es "mentira" que la reforma salvaguarde el Estado de Bienestar porque el acuerdo establece que "todas las administraciones deberán recoger en sus presupuestos el pago de los intereses y la deuda". En este sentido, destacó que al limitar la capacidad de endeudamiento se pone freno a la inversión pública. Para UGT, la reforma "hipoteca a un futuro de más de 30 años el Estado de Bienestar y la inversión productiva para poder salir de la crisis"

Por su parte, el secretario general de USO, Miguel Angel González Colsa, ha resaltado la "unidad sindical" y de diferentes organizaciones sociales en contra de una reforma de la que también criticó "la forma y el fondo", y ha animado a los trabajadores y "afectados por este tope de gasto" a participar en las protestas porque "hay razones más que suficientes para salir a la calle".

Rechazan el contrato formativo

Preguntados por los nuevos cambios introducidos en la legislación laboral, los líderes sindicales arremetieron tanto contra el contrato formativo como contra el encadenamiento de contratos eventuales. Para la secretaria general de UGT, alargar el contrato de formación hasta los 30 años "no es más que precarizar hasta los 30 y condenarte a un salario de miseria", ya que los trabajadores en esta situación sólo cobran el 75% del Salario Mínimo Interprofesional y a las empresas se las exonera de pagar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social -si tienen menos de 250 trabajadores-.

En cuanto al encadenamiento de contratos, Cedrún ha asegurado que "para nada va a influir en crear empleo" sino que, por el contrario, esta medida "legaliza una situación fraudulenta", "abarata el despido" y "condena" a los trabajadores a "una mayor temporalidad e inestabilidad".

En la misma línea, el secretario general de CC.OO. afirmó que está de acuerdo con el ministro de Trabajo en que prefiere un trabajador eventual que un trabajador parado, pero ha puntualizado que "para conseguir eso, no hay que hacer a los fijos eventuales". Arce ha explicado que a los trabajadores que tenían que ser considerados fijos por llevar más de dos años en la empresa, ahora van a seguir siendo eventuales, con lo que, en su opinión, "estamos volviendo a la situación anterior a la crisis, con un 30% de eventualidad".