El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, considera "difícil" indemnizar antes de demoler una vivienda con sentencia de derribo, si bien ha asegurado que, si como quiere AMA, el Parlamento lo decide, los jueces lo aplicarán "sin ningún tipo de problema" porque el ordenamiento jurídico "no es inamovible".

En una rueda de prensa celebrada tras reunirse con el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, el presidente del TSJC se ha referido a la posibilidad de que, como defiende AMA, el principio de indemnizar antes del daño efectivo, incluido en abril en la ley de Cantabria sobre derribos, se traslade a todo el Estado a través de una reforma de la legislación que debe de ser aprobada pro el Parlamento.

Tolosa ha incidido en la dificultad que existe, a su juicio, de establecer, desde el punto de vista jurídico, una indemnización antes de que se produzca el daño.

"Probablemente, el planteamiento sea excesivamente simple decir: vamos a indemnizar antes de que se haya producido el daño", ha opinado Tolosa quien ha aclarado, sin embargo, que una "cuestión diferente" es situar cuándo se ha producido el daño en aquellos casos en que éste se va a producir "inexorablemente".

En esos casos, ha explicado que no se estaría "ante la mera expectativa de un daño, sino ante un daño que inexorablemente se va a producir".

Ante la posibilidad de que el Parlamento lleve a cabo una modificación en la legislación actual para introducir el principio de indemnizar previamente al derribo, Tolosa ha recordado que, precisamente, es a ese órgano legislativo al que le corresponden las competencias de responsabilidad patrimonial.

Según ha dicho, en caso de materializarse este cambio, los jueces "no tienen nada que manifestar" salvo que tenga "alguna duda" sobre la constitucionalidad de la norma, ante lo que cabría plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

Actualmente, la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJC presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante la reforma que, con el consenso de todos los grupos políticos, aprobó el pasado abril el Parlamento de Cantabria en la que se contemplaba la indemnización antes del derribo de una vivienda, aspecto que AMA quiere que se traslade a todo el Estado.

A preguntas de los periodistas, Tolosa ha aclarado que el hecho de que el Parlamento nacional lleve a cabo la modificación de la legislación para que el principio de indemnizar antes de derribar tenga efecto en toda España no significa que la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la ley de Cantabria quedaría sin sentido.

"Es una decisión que debería adoptar en toda caso el Tribunal Constitucionalidad", ha dicho Tolosa, quien ha explicado que éste es el único órgano que, una vez admitida la cuestión de inconstitucionalidad, puede decidir si la cuestión ha perdido su objeto o no.

Según ha señalado, el hecho de que se produzca una aprobación posterior de una norma estatal "no impediría" que el Constitucional pudiera entrar a conocer la constitucionalidad de la Ley de Cantabria.

Ha recordado que la cuestión de inconstitucionalidad no sólo plantea la cuestión de cuándo hay que indemnizar, sino también presenta un problema que no resolvería nunca la legislación estatal que es, hasta qué punto, el legislador autonómico puede regular esa materia.

Por tanto, a pesar de que se aprobase la modificación de la legislación nacional, Tolosa ha afirmado qué seguiría "pendiente" de resolverse no la cuestión sobre la indemnización sino si la comunidad autónoma puede legislar en una materia que "en principio" es competencia "exclusiva" del Estado.

En relación a este asunto el consejero consideraría "correcto" que, en el caso de los derribos, lo que establece sobre la indemnización antes del daño se trasladase a toda España.

Ha señalado que, hasta ahora, la jurisprudencia establecía de forma clara que el daño efectivo se producía en el momento de la demolición, una cuestión que, según ha dicho, "a lo mejor" habría que "tratar y repensar".

A su juicio, la ley de Cantabria en esta materia es "justa en cuanto al fondo" por lo que vería "correcto" que se trasladase a todo el Estado "con las correcciones o garantías oportunas".

Sin embargo, y ante la cuestión de si el Gobierno de Cantabria apoyaría, a través del grupo 'popular' la iniciativa de AMA, ha aclarado que su visión es a título personal. "Lo que vaya a hacer el grupo popular no lo sé", ha matizado.

Por otra parte, Fernández ha defendido la constitucionalidad de la modificación llevada a cabo por el Parlamento regional y considera que la Cámara ejerció una competencia "en una espeficidad derivada de la cuestión urbanística".

Plan especial de derribos

Durante su reunión con Tolosa, el consejero ha reconocido haber tratado "muy por encima" el Plan Especial de Derribos que propone el Gobierno de Cantabria.

En este sentido, ha señalado que los órganos competentes a los que el Ejecutivo debe de presentar este Plan es a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, algo que, está previsto, se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre.

Respecto a esa presentación, el consejero ha señalado que se tratará de una reunión de trabajo para la que confía en tener la "tranquilidad" que corresponde a este tipo de encuentros.

Fernández ha aclarado también que, en esa reunión y a través del Plan, el Gobierno pretende establecer un calendario para ejecutar las sentencias y presentar sus propuestas, si bien ha asegurado que, finalmente, tendrá un "respeto absoluto" a la decisión que tomen los órganos judiciales.

El consejero ha expresado además la necesidad que existe, a su juicio, de que se ejecuten "todas" las sentencias tras haberse aplazado durante "muchos años".

Según ha señalado, algunas sentencias implicarán derribos mientras que otras podrían tener "otras alternativas", si bien será decisión de los órganos judiciales.

Valoración económica de los derribos

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Fernández ha asegurado que el Gobierno aún no ha realizado una valoración económica de los derribos, a pesar de que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, lo había cifrado en unos 300 millones de euros.

Según ha dicho, esta cantidad les ha venido "un poco" dada por los afectados.

En cambio, ha explicado que el Gobierno está intentando establecer partidas en los presupuestos para hacer frente a la ejecución de los derribos.

Reunión con arca

A preguntas de los periodistas, el consejero también se ha referido a la postura contraria de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la denuncia de Arca, que defendía que las viviendas con sentencia de derribo de Cantabria han interferido en el estado medioambiental de los espacios de la Red Natura 2000.

Por su parte, el consejero, que ha reconocido no haber leído completamente las conclusiones de la Comisión de Peticiones sobre este asunto, se ha mostrado "básicamente de acuerdo" con la postura adoptada por este órgano europeo.

Además, en su encuentro con los medios ha expresado su intención de poder reunirse con representantes de Arca a principios del próximo mes.

Tras la "toma de contacto" de Tolosa y Fernández, ambos han manifestado la disposición de las instituciones a las que representan a "ir de la mano" y "trabajar codo a codo", si bien desde el "máximo respeto" a las competencias que tienen uno y otro.