Miembros del Comité Provincial del PA en Sevilla, que dimitieron tras el nombramiento del diputado provincial, Alberto Mercado, "en contra de los estatutos" han anunciado este sábado que llevarán a los tribunales ordinarios la nulidad del nombramiento, después de la resolución a su favor por parte de la Comisión de Garantías de la formación.

En un comunicado, han asegurado que la secretaria general del PA, Pilar González, no ha cumplido el mandato de la Comisión de Garantías, que declaraba nulo el nombramiento de Alberto Mercado, "en detrimento de la propuesta del Comité Provincial", lo que se habría hecho, en una sesión de los órganos nacionales en la que, además, "no había quórum".

"La secretaria general ha incumplido tajantemente los estatutos y ya que no escucha y acata los órganos del Partido, tendrá que hacerlo cuando se lo diga un juez. Aunque mucho nos tememos que no llegará a ello, porque habrá matado al PA antes, cuando los electores le vuelvan a decir que no en las urnas en noviembre", han añadido.

Asimismo, han afirmado que mantendrán una reunión a principios de septiembre para programar un calendario de protestas, "ante el desvarío en el que ha entrado Pilar González, que no cumple los estatutos ni por equivocación". Además, han dicho que no descartan manifestaciones en los Plenos de la Diputación pidiendo que se cumpla el mandato de la Comisión de Garantías. "Es muy fuerte para gente que lleva, en algunos casos, treinta años en el PA, pero es lo que están buscando", han apostillado.

En esta línea, han señalado que "ahora van presumiendo que tampoco cumplirán con la celebración de la Asamblea provincial porque saben que la tienen perdida. Así es normal que no los voten los sevillanos, la calaron muy bien en mayo". En su opinión, "jamás nadie, en cuarenta y cinco años de historia se había atrevido a no acatar un acuerdo de la Comisión de Garantías, algo que ha hecho Pilar González".

La Comisión de Garantías declaró nulo el Acuerdo de designación de Alberto Mercado como diputado provincial, por lo que existe un sustento legal "más que suficiente" para que los tribunales confirmen este fallo, "algo que quieren hacer por vulneración de derechos fundamentales lo que aligeraría el procedimiento", han concluido.