Las Cofradías de Pescadores y Asociaciones de Armadores del Golfo de Cádiz han pedido este martes la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y de la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, después de recibir la negación de reapertura de la pesquería de la bacaladilla después de que las cofradías le pidieran la autorización para capturar diez toneladas de bacaladillas hasta fin de año en concepto de anticipo de la cuota correspondiente a 2012.

En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, las cofradías del Golfo de Cádiz aseguran que esta negación "no viene más que a aumentar la desesperación y la impotencia que siente esta flota ante el futuro más inmediato de la misma".

La pesquería de la bacaladilla fue cerrada en un principio el pasado mes de mayo por "haberse consumido la cuota asignada a España para el año 2011, capturas que en su mayoría se habían producido por buques de otras regiones, que se dedican específicamente a estas pesquerías".

No obstante, con esta nueva negación, las cofradías del Golfo de Cádiz aseguran que los barcos seguirán faenando, pero "las bacaladillas capturadas deberán devolverlas al mar, al igual que con las pescadillas inferiores a 27 centímetros".

Del mismo modo, han puesto de manifiesto que el actual sistema de total admisible de capturas por especie y por naciones, implica que las cuotas de algunas especies "sean agotadas en su totalidad por algunos caladeros, sin que en otros se haya podido ni siquiera proceder a su captura", lo que provoca "una sensación de desamparo".

En esta línea, los armadores han añadido que "no han encontrado respaldo de la Junta de Andalucía", indicando además que la actual conformación de la legislación pesquera "lleva a tal grado de irracionalidad que se dan situaciones que necesitan soluciones urgentes, ya que hay una serie de embarcaciones con licencia para capturar exclusivamente pescado, pero con el agotamiento de las cuotas de algunas especies se encuentran en un callejón sin salida".

Así, han manifestado que, a su juicio, existe "una discriminación manifiesta que llevarán al caos económico de las 147 empresas armadoras de buques de arrastre, por inacción y pasividad en la búsqueda de soluciones".