Los informes de la Intervención General sobre el sector público empresarial y fundacional del Gobierno de Cantabria, relativos a los años 2008, 2009 y 2010, que fueron realizados por los servicios de control adscritos al anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), revelan "advertencias severas" en los procesos de contratación, tanto de personal como de obras y servicios, y alertan de que la forma de hacer la contabilidad "no permite conocer, a ciencia cierta, la verdadera situación patrimonial de algunas sociedades".

De los 43 análisis contables realizados por la Intervención General, "solamente hay cuatro favorables", tres de ellos correspondientes al año 2008 y uno al 2009, mientras que en 2010 no hubo "ninguno favorable", según ha indicado el Gobierno regional.

En un comunicado explica que la decisión de dar a conocer estos datos responde al "compromiso de transparencia" que adquirió Ignacio Diego con los cántabros al ser investido presidente de la Comunidad Autónoma, y con ello el Gobierno de Cantabria quiere "mostrar a los ciudadanos que ahora existe un control férreo sobre el gasto público" y que "se van a corregir todas las deficiencias señaladas por la Intervención General de Cantabria".

Por otro lado, el presidente asegura que las auditorías de gasto y eficiencia que anunció durante la campaña electoral ya están en plena fase de ejecución, y se prevé que los resultados estén a disposición del Gobierno regional en septiembre y octubre. Diego confirma además que, una vez hayan finalizado esas auditorías, dará a conocer su resultado a los cántabros.

Deficiencias de los informes

Entre las deficiencias señaladas en los informes de la Intervención General de Cantabria, destaca que en varias sociedades y a lo largo de distintos ejercicios "se repiten los mismos patrones": "anomalías" en los procesos de contratación de personal y de contratación de obras y servicios; "mala" contabilización y "negligente" presentación de las cuentas anuales y ausencia del inventariado del patrimonio en diversas sociedades y fundaciones del sector público, entre otras salvedades aportadas por Intervención y de las que informa el Ejecutivo.

Incluso, señala que algunas fundaciones solo ejecutaron su presupuesto "en menos de un 50%" (caso de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social), habiendo recibido aportaciones dinerarias próximas a la fecha de cierre, cuando en el remanente de sus transferencias se observaba un "saldo superior al 50% del global anual".