El número de personas que tienen derecho a prestación por dependencia en Andalucía, a 1 de julio de 2011, eran 265.241, según los datos aportados por CCOO-A, que apunta que es cifra es "más del doble que las personas que reciben la pensión no contributiva", cantidad que ascendía hasta las 104.744 según el sindicato.

CCOO-A ha subrayado en una nota que este sistema "se ha convertido en el segundo sistema de protección detrás de las pensiones contributivas que atiende a una población especialmente vulnerable, como son las personas mayores y/o personas con discapacidad".

Además, el sindicato insiste en resaltar que dicho sistema "está suponiendo un importante apoyo para las familias" y, "en especial, para las mujeres, que se ven doblemente afectadas, primero porque son las principales usuarias y, segundo, porque les permite liberar parte del tiempo que dedican al cuidado de las personas mayores o con discapacidad, lo que puede facilitar su incorporación al mercado de trabajo".

Igualmente, este sindicato se ha mostrado convencido de que en Andalucía "la puesta en marcha de este sistema supone una importante creación de empleo en un contexto de crisis en el que apenas hay creación de puestos de trabajo en ningún sector", a la vez que ha valorado que el empleo que se crea es "mayoritariamente femenino, con unos niveles de cualificación profesional inicial muy asequibles a personas con formación básica, es decir, en sectores de la población que tiene una mayor tasa de desempleo y dificultad de inserción laboral", lo que, a su juicio, genera "alternativas de empleo en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales".

Según CCOO-A, la puesta en marcha de este sistema está suponiendo "un cambio generalizado de este sector económico" porque incluye "la salida de la economía sumergida de una importante actividad económica ligada al cuidado de personas mayores, sobre todo en instituciones residenciales", así como promueve "mejoras de condiciones laborales, ampliación de las plantillas, transparencia en la gestión de la financiación o aplicación de normas más exigentes en la atención a los usuarios".

Por último, ha reconocido que estos cambios también generan "problemas" para los trabajadores, debido "a las dificultades que encuentran las empresas para adaptarse a este nuevo sistema", de modo que "son los trabajadores los que acaban sufriendo los efectos derivados de la crisis y que afecta a la financiación del sistema de atención a la dependencia", ha agregado.

Avances en el congreso

Asimismo, la secretaria de Política Social e Inmigraciones de CCOO-A, Rosa Berges, ha valorado este jueves como "un avance muy importante" que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados haya aprobado incluir en el proyecto de ley de Jurisdicción Social que ha remitido al Senado enmiendas propuestas por este sindicato encaminadas a incluir como materias de dicha jurisdicción las cuestiones litigiosas relativas a "la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia".

Asimismo, ha solicitado que la norma entre en vigor "en un plazo razonable" de tiempo, y no esté a expensas de la aprobación de una ley adicional dentro de tres años, como establece ahora dicho proyecto de ley.

En una nota, Berges ha celebrado que, con las mencionadas modificaciones, "la protección de la dependencia encuentra la misma consideración legal que el resto de prestaciones del sistema público de protección social, como las pensiones, el desempleo o las prestaciones sanitarias", a la vez que ha precisado que ello dará lugar a "una jurisdicción de lo Social más accesible, más rápida y más económica que la del Contencioso-Administrativo".

Sin embargo, CCOO-A ha criticado que la disposición final séptima de este proyecto de ley establezca que la aplicación práctica de lo regulado en él esté condicionada "a la aprobación de una ley adicional dentro de tres años", lo que provoca, a juicio de este sindicato, "una clara inseguridad jurídica", lo que les ha llevado pedir que "esta circunstancia se corrija en el Senado y se garantice la entrada en vigor de la norma en un plazo razonable".

Asimismo, Berges ha rechazado que esta moratoria esté justificada para evitar "un posible colapso de los juzgados de lo social", ya que, según ha recalcado, "los ciudadanos están ejerciendo su derecho con mucha prudencia y sólo una de cada diez personas que han solicitado atención, han sido dictaminadas sin derecho a ello".

De esta manera, esta responsable sindical ha reiterado que "los ciudadanos están siendo muy conscientes de la situación actual y, pese al evidente retraso de la aplicación de la ley, los pocos conflictos que se han registrado se encuentran muy localizados y responden a casos de vulneración de derechos muy graves que en todo caso son excepcionales en el conjunto del sistema de dependencia".

Igualmente, Berges ha subrayado que "actualmente la mayor litigiosidad se está produciendo en algunas comunidades gobernadas por el PP", entre las que ha destacado a la Comunidad Valenciana, "donde el Gobierno del Partido Popular ha venido obstruyendo la puesta en práctica de este derecho universal conseguido en los acuerdos de diálogo social con los sindicatos y que actualmente supone una red de protección que afecta a mas personas que las pensiones no contributivas y con una tendencia al alza".

Por otra parte, la representante sindical ha resaltado que "este sistema está beneficiando especialmente a las familias con menor poder adquisitivo al facilitar un recurso que permite acceder a servicios de calidad, que antes estaban limitados a personas de mayor poder adquisitivo".