El anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que el Gobierno central socialista ha presentado pretende, según el PP de La Rioja, "controlar la justicia" y es una reforma "inoportuna e imposible de aprobar".

Según ha explicado esta mañana en rueda de prensa el senador autonómico 'popular', Conrado Escobar, la reforma "persigue controlar la justicia porque se pretende apartar al juez de la instrucción. Se le pone en duda su independencia cuando en la Constitución Española se dice que tiene que tener esas funciones".

La nueva ley "no está consensuada y todo lo que afecta a la justicia entendemos que tiene que tener el máximo consenso", ha comentado.

Asimismo, según el senador, el papel de la instrucción "se le asigna al fiscal y aunque en Europa funciona así, aquí en España el fiscal es dependiente del Ministerio de Justicia". Por tanto, "si asignamos la instrucción a la Fiscalía que es dependiente del gobierno central se pretende controlar los aspectos principales del proceso. Esto merece una reflexión profunda", ha añadido.

De esta forma, "si se quiere seguir en esa línea lo que se debe hacer es cambiar ese modelo de fiscalía en España para que sea un órgano independiente", ha explicado.

Para Escobar "se trata de una nueva ley que afecta a 900 artículos y de un verdadero brindis al sol de un gobierno central socialista que está en manifiesta caída libre y que ha presentado esta reforma a sabiendas de que es prácticamente imposible su aprobación", ha subrayado.

"Tenemos las elecciones convocadas para el 20 de noviembre, las cortes se disuelven el 26 de septiembre y esta reforma necesita un informe nuevo del CGPJ, un dictamen del Consejo de Estado y un informe del Consejo de Fiscales y pasar también por el consejo de ministros y finalmente llegar al Congreso y al Senado. Es materialmente imposible poder aprobar esta reforma y se presenta a sabiendas de que nace agotada", ha destacado.

Otras críticas

Con la reforma, según el senador, "también se pretende limitar la acción popular que permite incorporarse al proceso a ciudadanos, a asociaciones, o a partidos políticos". No obstante, "no se puede hacer eso porque la Constitución ya consagra que tiene que existir en nuestro ordenamiento una acción popular", ha añadido.

"En esa tentación de controlar también se limita el derecho a informar por ley ,en este caso también se le asigna a la Fiscalía el control de la información mediática sobre el proceso", ha comentado.

Finalmente, Escobar ha manifestado que "aunque este proyecto no va a ver la luz y se va quedar en agua de borrajas, en La Rioja la previsión es que podría afectar aproximadamente a 20.000 asuntos que tienen intervención del fiscal tanto en Logroño como en Calahorra y en Haro".