La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, ha acusado este lunes a la Junta de Andalucía de paralizar proyectos generadores de empleo como desarrollos urbanísticos residenciales, industriales o comerciales y terciarios, dinamizadores de la economía, que llevan años esperando para ser aprobados, al tiempo que ha criticado la "pasividad" del Gobierno andaluz ante la subida del paro y de las hipotecas en el sector de la construcción.

En rueda de prensa, Martínez ha asegurado que, en términos de empleo, en Andalucía se destruyeron desde el año 2008 un total de 371.000 empleos, de los que más de dos tercios provienen del sector de la construcción, lo que significa que se han destruido 250.000 empleos en este sector.

Asimismo, ha querido recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se refirió a este asunto en el debate del Estado de la Comunidad, así como a las medidas de impulso que se habían adoptado y que, en su opinión y a tenor de los resultados, Martínez ha calificado de auténtico "fracaso".

"No han sabido adaptar el marco legal y tomar las medidas necesarias para salir de la crisis. El marco legal del Urbanismo en Andalucía es la LOUA 2002 (Ley de Ordenación urbanística de Andalucía), que tendría que haberse adaptado y modificado al haber entrado en vigor una Ley del Suelo Estatal en 2007, aunque, sin embargo, cuatro años más tarde, aún no se ha hecho y se demuestra que esta ley que obligaba a los ayuntamientos a hacer los PGOU, ha resultado ser lenta y farragosa para la situación actual", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que la LOUA obligaba a que todos los municipios tuvieran un Plan General de Ordenación Urbana como norma marco urbanística, y fijaba el plazo de enero de 2007 para que los ayuntamientos se dotaran de esta herramienta. Ante el incumplimiento, según ha señalado, se aprobó un decreto en 2008 para simplificar y habilitar una vía rápida, las Adaptaciones Parciales, para dotar a los municipios de PGOU.

Martínez ha afirmado que casi diez años mas tarde sólo Sevilla ha conseguido que la Junta dé su aprobación definitiva del PGOU en 2006, mientras que el resto de capitales andaluzas está todavía pendiente de su aprobación. De este modo, ha indicado que Almería lleva siete años tramitando el PGOU, al igual que Cádiz y que no lo tendrá aprobado en el 2012. En el caso de Córdoba, está pendiente del Decreto de Regularización de Viviendas para dar respuesta a lo que ya el PGOU 2001 elaboró: un censo de urbanizaciones ilegales.

En el caso de Granada, ha dicho que hace cuatro años desde que en 2007 se acordara iniciar la adaptación parcial y en la actualidad está pendiente del sí definitivo de la Junta y de los informes sectoriales. Según ha indicado, Huelva ha tramitado conforme a la Ley modificaciones puntuales como Ensanche Sur e Isla Chica, con la oposición de la Junta, mientras que en Jaén será la tercera vez que el consistorio intenta aprobar un documento tras anularse los de los dos anteriores gobiernos y en Málaga todavía está pendiente de publicar la aprobación definitiva del PGOU y "continúa peleando proyectos como la regularización de viviendas de Pedregalejo, El Palo y Araña y el desarrollo por encima de la ronda de circunvalación". 2010,

El "peor año" en la entrega de vpo

"Ante esta situación y con este telón de fondo, la Consejería no hace nada de lo que promete. Ni reforma la LOUA, ni aprueba el Decreto para las urbanizaciones irregulares que prometió antes de las Elecciones Municipales y además del paro de la Construcción, suben las hipotecas", ha indicado la 'popular', que ha añadido que el Gobierno socialista ha eliminado las ayudas a la vivienda protegida, algo que, según ha afirmado, ha sido un "recortazo en toda regla". "Han suprimido las ayudas a la entrada para la compra de vivienda, las ayudas al alquiler y las ayudas a la rehabilitación autonómica", ha apuntado.

Asimismo, ha agregado que el año 2010 ha sido el peor año en entrega de VPO de la serie histórica, ya que sólo se han entregado 6.023 VPO a los andaluces, frente a las 30.000 al año prometidas en el Pacto por la Vivienda. La 'popular' incidió en que esta situación pone de manifiesto como el PSOE "engaña a los ciudadanos con leyes como la Ley del Derecho a la Vivienda".

Finalmente, ha indicado que, frente a esto, el PP propone un cambio en la Ley del Suelo de Andalucía "para poner los planes urbanísticos al servicio de la sociedad, para repartir mejor un recurso que es de todos, que es el suelo público y para activar un sector como es el residencial, turístico y de la construcción que es fundamental para la generación de empleo en nuestra tierra, sin llegar nunca a los excesos permitidos por los gobiernos socialistas, que han sido el caldo de cultivo de urbanizaciones irregulares, además de corrupciones urbanísticas en ayuntamientos".