Archivada la causa del exalcalde de Morón y la secretaria municipal por el caso de los funcionarios

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera (Sevilla) ha sobreseído las diligencias incoadas en 2010 contra el exalcalde de Morón, Manuel Morilla (PP), quien fuera su primer teniente de alcalde, Alfonso Angulo (PP), y la secretaria general del Ayuntamiento, tras la denuncia promovida por los tres funcionarios de este consistorio sometidos a expedientes disciplinarios por el contenido de su oposición a la recusación impulsada en su contra, tras haber participado en un tribunal de selección.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera (Sevilla) ha sobreseído las diligencias incoadas en 2010 contra el exalcalde de Morón, Manuel Morilla (PP), quien fuera su primer teniente de alcalde, Alfonso Angulo (PP), y la secretaria general del Ayuntamiento, tras la denuncia promovida por los tres funcionarios de este consistorio sometidos a expedientes disciplinarios por el contenido de su oposición a la recusación impulsada en su contra, tras haber participado en un tribunal de selección.

Todo parte de un concurso oposición promovido por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera para cubrir cinco plazas de administrativo mediante un procedimiento de promoción interna. En la primera prueba, celebrada el 8 de febrero de 2010, dos de los aspirantes fueron declarados "no aptos", pero la secretaria del tribunal de selección, además secretaria del Consistorio, publicó un listado de aprobados en el que figuraba uno de los aspirantes declarados "no aptos". El presidente del tribunal de selección, y varios vocales entre los que figuraban un funcionario del servicio autonómico de Administración Local, reclamaron entonces la aprobación de las actas de admitidos inicialmente acordadas.

Posible "alteración"

El tribunal suspendió entonces el ejercicio en cuestión y, a partir de ahí, un documento de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla merced al testimonio de su funcionario del servicio autonómico de Administración Local, reflejaba que los miembros del tribunal de selección opuestos a la "alteración" de las calificaciones fueron supuestamente sometidos a "amenazas y presiones".

En concreto, tres miembros del tribunal de selección que ostentan puestos de funcionario en el Ayuntamiento de Morón fueron objeto de recusaciones a cuenta del papel jugado en este tribunal. Pero fueron los escritos de oposición promovidos por cada uno de estos tres funcionarios contra sus respectivas recusaciones los que motivaron la incoación de expedientes disciplinarios en su contra en el seno de la administración local. El contenido de estos escritos de oposición, según los procedimientos disciplinarios, incluía una serie de supuestas "faltas graves" que derivaron en suspensiones de empleo y sueldo.

DENUNCIA,

Imputaciones y sobreseimiento

Después de que estos tres funcionarios elevasen el asunto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos, las diligencias previas incoadas a tal efecto se saldaron con la imputación del por entonces alcalde, Manuel Morilla, su primer teniente de alcalde, Alfonso Angulo, y la secretaria general del Ayuntamiento, Ascensión S.L. Sin embargo, un último auto emitido el 20 de julio de 2011 por la citada instancia judicial y recogido por Europa Press resuelve el archivo de las actuaciones "por no estimar que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal".

El auto en cuestión refleja que un miembro del tribunal de selección, designado por la Junta de Andalucía, testificó que cuando modificó su puntuación de un tres inicial a un cinco a uno de los opositores, lo hizo "sin ningún tipo de coacción o amenaza" y tras ser revisado el examen en cuestión a petición del afectado. En cuanto a las recusaciones de las que fueron objeto los tres funcionarios denunciantes, este auto las atribuye a las quejas de opositores "que no fueron admitidos en la fase previa" y que avisaban de "relaciones personales de amistad con otros opositores que sí fueron admitidos".

Esas relaciones entre los funcionarios en cuestión y los opositores admitidos "han quedado acreditadas a través de las pruebas practicadas", señala este auto que zanja que las resoluciones del Ayuntamiento sometidas a estas actuaciones judiciales "se han dictado por quienes eran competentes legalmente, respetando las normas del procedimiento". El auto, no obstante, no es firme.

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