Dos hijos de Ruíz-Mateos declaran este viernes como imputados por estafar 14 millones de euros al Grupo Miralles

Alfonso y Pablo Ruíz-Mateos, dos de los seis hijos del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruíz-Mateos, están citados a declarar este viernes como imputados ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Raquel Crespo, para ser interrogados en torno a la presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la operación de compraventa del hotel Eurocalas de Mallorca, por la que ya declaró el pasado miércoles el primogénito de la familia, Zoilo Ruíz-Mateos.

Alfonso y Pablo Ruíz-Mateos, dos de los seis hijos del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruíz-Mateos, están citados a declarar este viernes como imputados ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Raquel Crespo, para ser interrogados en torno a la presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la operación de compraventa del hotel Eurocalas de Mallorca, por la que ya declaró el pasado miércoles el primogénito de la familia, Zoilo Ruíz-Mateos.

Y es que la magistrada les ha emplazado a declarar a raíz de la querella interpuesta por el Grupo Miralles, representado por la letrada Isabel Fluxà, contra el empresario gaditano y sus seis hijos varones por un presunto delito de estafa en la compraventa, formalizada por 23,6 millones de euros. También había sido citado el patriarca de Rumasa, cuyo abogado, Ignacio Peláez, presentó un escrito ante el Juzgado para excusar la presencia del empresario debido a que se encuentra enfermo y no pudo comparecer.

Según la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, en el marco de la operación fueron abonados 789.028 euros mientras que se acordó el pago aplazado de 22,8 millones a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía de la empresa Montumo y los avales personales de Ruíz-Mateos y todos sus hijos varones.

Sin embargo, el Grupo Miralles denuncia todos ellos "avalaron con evidente mala fe" ya que ninguno de ellos "tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España", al tiempo que asevera que los pagos se fueron abonando hasta que fueron interrumpidos en el verano de 2010. En este sentido, Zoilo recalcó en su declaración que desde principios de la operación el propietario de IGM, Francisco Miralles, "sabía que no teníamos nada a nuestro nombre".

En su comparecencia, el encausado derivó responsabilidades en su padre al aseverar que fue éste quien llevó a cabo todas las negociaciones de la compraventa, y justificó que la crisis económica y los obstáculos puestos por los bancos impidieron que la familia pudiera hacer frente a los pagos pactados con IGM.

"El tema financiero de los bancos nos ha hecho mucho daño", llegó a subrayar el presidente del Consejo de Administración de Nueva Rumasa, quien insistió que el patriarca del 'holding' era quien "tomaba las decisiones", de modo que aseguró desconocer los términos concretos del contrato suscrito en julio de 2006 para proceder a la compraventa, y añadió que su intervención fue la misma que la de sus cinco hermanos.

De hecho, el imputado indicó que fue el propio Miralles quien pidió que el declarante y sus hermanos fuesen avalistas, y que tras ello el querellante "no pidió ninguna relación de bienes o patrimonio de todos ellos como personas físicas". En cualquier caso, Zoilo manifestó que "la voluntad de cumplimiento siempre ha existido", recalcando que "al inicio del contrato e incluso ahora tenemos voluntad de pagar".

La querella de Miralles se suma a la denuncia presentada por la familia Radó ante la Fiscalía contra la familia Ruiz-Mateos por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal. La familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles 'Beverly'.

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