La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha anunciado este miércoles que el Proyecto de Ley Agraria, "muy importante para el sector", verá la luz en el segundo año de esta legislatura con el objetivo de establecer un marco básico de la actividad agroganadera en el que se reconozca dicha actividad como "el pilar fundamental" del desarrollo del medio rural de Castilla y León por su incidencia en la actividad económica, en la creación de empleo y en la correlativa fijación de población en dicho entorno.

Clemente, que ha ratificado este compromiso en su comparecencia en la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes en la que ha detallado sus objetivos de Legislatura, ha explicado que la Ley Agraria está llamada a ser un instrumento normativo para incrementar la mejora y optimización de la estructura de la base territorial de las explotaciones con el fin de lograr "unidades económicas agrarias rentables" a través de un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación al objeto de conseguir su eficiencia y máxima rentabilidad.

Otros de los objetivos de la futura Ley Agraria son impulsar la mejora y modernización de los procesos productivos de transformación y comercialización para facilitar la "distribución justa y eficiente de costes y beneficios" e incrementar la incorporación de tecnologías y procesos novedosos en los sectores agrícola y agroindustrial para encontrar nuevos mercados a las producciones tradicionales y de lograr la integración con los mercados exteriores.

Silvia Clemente ha considerado necesario también incrementar a través de esta ley la intensificación de la puesta en práctica de iniciativas tendentes al impulso y diversificación del sector agroalimentario, "como medida indispensable para la creación de empleo en el medio rural", y potenciar la figura del agricultor o del ganadero como emprendedor implicado en la transformación y comercialización de sus productos así como la promoción de la gestión participativa de las explotaciones agroganaderas en la comercialización de dichos productos.

Participación del sector privado

Para lograr estos objetivos, la Ley Agraria contemplará la participación del sector privado en la financiación y en la explotación de infraestructuras agrarias, "dado que la actual coyuntura económica ha afectado de una manera significativa a los recursos financieros de las Administraciones Públicas", según ha reconocido la consejera.

La nueva norma abordará también la ejecución de infraestructuras de regadíos vinculadas al interés general cuando así lo soliciten los agricultores que estén explotando los terrenos afectados aunque no sean los propietarios y la modificación de la vigente Ley de Concentración Parcelaria, "agilizando y modernizando sus procedimientos, estableciendo la obligatoriedad de desarrollar procesos de concentración parcelaria en las zonas afectadas por actuaciones en materia de regadíos y estableciendo una prioridad absoluta de las concentraciones parcelarias ligadas a actuaciones en materia de regadíos".

Por último, tendrá en cuenta el reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, "llamadas a convertirse en instrumentos de los agentes económicos agroalimentarios que les permitan facilitar la adaptación de la oferta a las exigencias del mercado y perfeccionar la organización de la producción, de la transformación e incluso de la comercialización de los productos agroalimentarios".

Rejuvenecimiento del sector

Otro de los principales objetivos de legislatura fijados hoy por Silvia Clemente ha sido el rejuvenecimiento del sector para lo que se creará en el plazo de un año una Oficina de apoyo al sector de jóvenes emprendedores del sector para conseguir que el sistema de ayudas pueda adaptarse individualmente a las necesidades concretas y reales de los jóvenes emprendedores de Castilla y León "de manera completamente personalizada".

Silvia Clemente ha anunciado también la creación de un 'banco de tierras" para incentivar que aquellos propietarios de terrenos que no estén productivos los pongan a disposición de aquellos jóvenes que no dispongan de volumen suficiente para hacer rentable la actividad. "Así conseguiremos ligar las vocaciones emprendedoras en el sector agrario con la base territorial necesaria para aquellos que carezcan de ella y, además, incentivaremos a las personas que se jubilen para que les resulte rentable el abandono", ha defendido.

También ha propuesto la mejora del modelo de incentivos para el cese anticipado, la dotación de un fondo de "capital semilla" para participar en los proyectos más innovadores del sector primario y agroalimentario impulsados por jóvenes emprendedores para facilitar el acceso a la financiación de nuevos proyectos y un incremento del número de horas lectivas impartidas a más de 65.000 alumnos en colaboración con organizaciones profesionales agrarias y otras entidades.