La asociación ecologista Greenpeace ha informado de que ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno asturiano, Francisco Álvarez Cascos, en la que solicitará la paralización del proyecto de la incineradora de Serín. Su responsable en materia de incineración, Julio Barea, ha incidido en que se trata de una iniciativa del ejecutivo anterior, que "tiene alternativas".

Además de Greenpeace, suscriben la petición de la reunión otros nueve colectivos: la Asociación de ganaderos y afectados por la incineradora, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur), la Coordinadora Ecoloxista d*Asturies, Ecologistas en Acción Asturias, la Federación de Asociaciones de Vecinos Zona rural de Gijón (Les Caseries), la Organización de Productores de Leche (OPL) y la Unión de Consumidores de España (Asturias).

En la reunión "se quiere manifestar la profunda preocupación por las políticas que pretenden marcar el futuro de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Asturias", ha explicado Greenpeace a través de una nota de prensa. En opinión de las asociaciones de ganaderos, agricultores, consumidores, ecologistas, vecinos y sindicatos de Asturias existen "soluciones finalistas para la gestión de la basura, como es el caso de la incineración, son el peor método de tratamiento". "Se trata de la técnica más costosa sanitaria y económicamente; la más perjudicial para el medio ambiente y la que menos empleo genera", en relación a la incineración.

Asimismo, Greenpeace informa de que aún están por resolver cuestiones tan importantes como la financiación de la obra. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene pendiente aprobar un crédito de 125 millones de euros que serviría para pagar la mitad del coste del proyecto. El pasado 14 de febrero los mismos colectivos citados se reunieron en Oviedo con una delegación del BEI para exponer los argumentos que desaconsejan la construcción de una gran incineradora de residuos sólidos urbanos en el Principado. La entidad europea conoció de primera mano la situación real de un proyecto que goza de amplio rechazo social, y que tiene alternativas.