El Fiscal Superior de Andalucía, Jesús María García Calderón, ha hecho referencia este martes a los preceptos del Código Penal que castigan los delitos contra la ordenación del territorio y, en concreto, a la ejecución de sentencias de demolición como elemento disuasorio en los delitos graves contra la ordenación del territorio, asegurando que "las demoliciones son todavía escasas, cuando creemos que deberían ser la regla general y no la excepción".

García Calderón, que ha ofrecido la ponencia titulada 'La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo', enmarcada en los Cursos de Verano de Torres organizados por la Universidad de Jaén y dirigidos por el juez Baltasar Garzón, ha manifestado que "los fiscales vemos con preocupación la dificultad de la ejecución", a lo que ha añadido "confiemos en que con el paso del tiempo seamos capaces de buscar soluciones, contando para ello con el asesoramiento técnico adecuado, expertos en materia urbanística o equipos multidisciplinarios en investigación que faciliten ejecutar estas sentencias".

Asimismo, García Calderón ha defendido que "no debemos tratar igual al que construye una vivienda ilegal que al que construye cinco mil, puesto que la clave radica en saber distinguir la importancia de cada infracción y llevar a cabo una respuesta proporcional".

Además, en esta segunda y última jornada del curso 'Urbanismo, vivienda y medio ambiente: nuevos modelos de ciudad' también han intervenido Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habló sobre el restablecimiento de la legalidad urbanística, y Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que analizó la ejecución de las sentencias en materia de urbanismo.