Organizaciones del mundo del regadío y la gestión hidráulica han reclamado este martes en un manifiesto que la gestión de la cuenca del Guadalquivir vuelva "en todas sus competencias" a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), así como retomar el principio de unidad de cuenca.

El manifiesto ha sido firmado por la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante; el presidente de Fenacore, Andrés del Campo; el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, José Abraham Carrascosa; el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo; el representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Miguel Martín Machuca; el presidente de ASaja-A, Ricardo Serra, el representante de REGA-A, Vicente Pérez, y el presidente de los arroceros sevillanos, Julián Borja.

Estas organizaciones han realizado esta petición tras la sentencia del Tribunal Constitucional declarando nulo de pleno derecho la transferencia de las competencias de gestión a la Administración andaluza contemplada en el Estatuto de Autonomía, y las más recientes sentencias del Tribunal Supremo anulando igualmente el Decreto de traspaso de funciones y servicios sobre el Guadalquivir a la Comunidad andaluza.

El manifiesto señala que las recientes sentencias en este sentido ponen de manifiesto la "improrrogable" situación de interinidad en que se halla esta cuenca intercomunitaria española, situación que la coloca al margen del ordenamiento jurídico constitucional. Así, debe ser una "prioridad" devolver a la legalidad constitucional la gestión de la cuenca, ahora mismo "dudosamente salvada" a través de una encomienda de gestión por seis meses, cuya legalidad también es "controvertida", pues ha sido recurrida por diferentes colectivos, y que en cualquier caso "no pasa de ser un instrumento absolutamente provisional y transitorio para el que no cabe prórroga alguna".

También indica que la necesidad de defender una gestión de las cuencas e infraestructuras hidráulicas, especialmente de los embalses, bajo el "más estricto" respeto a la independencia técnica y al ejercicio de las potestades administrativas, algo que "sólo se puede asegurar si toda la estructura está compuesta por personal independiente de los vaivenes políticos".

El escrito apunta que el principio de unidad de cuenca es una "destacada" aportación histórica española a la gestión hidráulica, que data de 1926, y que está consolidado por la vigente Directiva Marco de Aguas como modelo de referencia para todo el ámbito comunitario. Este principio promueve que la gestión de las aguas se enmarque en las fronteras naturales de las cuencas, más que en fronteras administrativas o políticas, y desde criterios comunes para todo el ámbito territorial de cada cuenca, acordados con la participación de los propios usuarios.

La experiencia demuestra, según estas organizaciones, que el principio de unidad de cuenca aumenta la eficiencia de la gestión del agua, salvaguardándola controversias políticas y territoriales, y favoreciendo una mayor profesionalización en los criterios de gestión. En consecuencia, señalan que "devolver al Guadalquivir al principio de unidad de cuenca, no es sólo favorecer su retorno a la constitucionalidad, sino también permitir una gestión más transparente, eficiente, eficaz y profesional".

Por último, recuerdan a los dos partidos políticos mayoritarios que las sentencias sobre el Guadalquivir que tienen "el compromiso y la responsabilidad" de sellar un "gran" pacto nacional, con consecuencias "inmediatas" para el Guadalquivir, que sirva para preservar el principio de unidad de gestión en esta cuenca, y que permita el retorno de la gestión del Guadalquivir "no sólo a la senda constitucional y a las propias leyes comunitarias sino también a la propia lógica de gestión racional y eficiente de los recursos públicos, prioritaria en los tiempos que vivimos".