El parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, ha insistido en la necesidad de "garantizar la pervivencia" del sector almadrabero, por lo que ha propuesto al Gobierno central y a la Junta de Andalucía una serie de medidas que pasan por un reparto interno de las cuotas asignadas al Estado español "más equilibrado", introducir en el reparto criterios ecológicos, o que se revisen con carácter bienal.

En rueda de prensa, García ha explicado que el sector almadrabero ha sufrido en los últimos cinco años una pérdida de empleo de entre el 20 y el 25 por ciento, a lo que se añade una pérdida de poder adquisitivo de en torno al 30 por ciento.

Esto es porque los trabajadores de las almadrabas trabajan como fijos-discontinuos seis meses al año, y el resto viven con el paro y la ayuda familiar. Sin embargo, con la reducción de las cuotas acaban antes de acumular el tiempo suficiente de cotización para cobrar el paro.

Según indica, esto ha conseguido paliarse en parte con el uso de las almadrabas como observatorio científico. Así consiguen completar los seis meses, pero implica la referida pérdida de poder adquisitivo.

En este punto, ha pedido a las administraciones competentes que aclaren por qué en el último año no se han percibido el 25 por ciento de las ayudas concedidas a las almadrabas al amparo de ese concepto de observatorio científico.

Asimismo, apunta que los almadraberos refieren que los atunes ahora son más abundantes y más grandes, por lo que ha reclamado que se hagan públicos los resultados de los estudios realizados por el Instituto Español de Oceanografía en estos observatorios, al considerar que pueden servir como argumento ante el ICCAT (la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo).

Sin fondo de maniobra

El diputado autonómico ha subrayado que el umbral de rentabilidad de las almadrabas se sitúa en 1.100 toneladas y que este año han contado con "poco más de 600 asignadas". A esto se suma que no ha habido fondo de maniobra, ya que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) retrasó la publicación de la orden para ampliar la cuota al 25 de junio.

Dice que "tendrán que explicar" los motivos de esa "tardanza", máxime cuando la orden es prácticamente una "copia literal" de la de años anteriores. En opinión de García, el MARM "no ha querido poner dinero para comprar cuota" a otros países, como Portugal, y situar las almadrabas en niveles de rentabilidad.

Ante lo expuesto, IU propone una serie de medidas que incluyen el reparto "más justo" de las cuotas asignadas al Estado español —en su opinión favorece actualmente a las pesquerías industriales—, incluir criterios ecológicos en el reparto, así como que las revisiones se hagan cada dos años, de manera que si un año no se alcanza la cuota pueda utilizarse ese margen al siguiente.

Del mismo modo, pide que se articulen los mecanismos para que acabe la "discriminación" al sector almadrabero y pueda acogerse a las ayudas europeas a la pesca por prejubilación y abandono de la actividad, ya que "nadie duda que la almadraba es pesca".

Finalmente, insta a que desde España se haga una llamada a los organismos internacionales para que "vigilen más" el cumplimiento de las restricciones impuestas para la conservación del atún, ya que en el mismo periodo en que España ha pasado de siete a cuatro almadrabas, Marruecos ha pasado de tres a ocho y Portugal va a incluir una almadraba más.