El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha admitido a trámite la querella interpuesta por una mujer de origen boliviano, que acusa a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de haberse apoyado en unos informes "falsos" para retirarle la tutela de sus tres hijas menores de edad. Entre los denunciados, se encuentran el delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social, Manuel A. Gálvez, y la jefa del Servicio de Protección de Menores, Inmaculada Dugo.

Según relata la demandante en la querella, consultada por Europa Press, los informes presentados y analizados por la Junta "alteran la verdad modificando los hechos y circunstancias, creando una situación ficticia e irreal para sustentar un procedimiento de desamparo". Así, "a sabiendas de que la verdad de los hechos había sido alterada a través de los sucesivos informes obrantes en le expediente", la Junta dictó una resolución de desamparo en el primer semestre de 2009.

La resolución que decretaba el desamparo provisional dictada por la Junta estuvo motivada en supuestas agresiones físicas de esta madre a sus hijas, y se basa además en unos informes en los que se asegura que la madre se dedicaba a la prostitución. Tras ello, la retirada de una de las menores se realizó sin incidencias, mientras que la retirada de sus dos hermanas mayores no se pudo llevar a cabo porque lograron escaparse, tal y como publica en su edición de este lunes el rotativo 'Diario de Sevilla'.

Los hechos

La querellante relata que llegó a Sevilla en el año 2003 con sus tres hijas, y comenzó a trabajar en el sector de la limpieza domiciliaria y en la atención de personas ancianas. Debido a las dificultadas económicas de la familia, la denunciante tuvo que ingresar a sus hijas en unos centros de internamiento, como son el Convento de la Hermanas de Sor Ángela de Umbrete y el centro CEP Albert Einstein, hasta marzo 2009, "fecha en la que se acordó su acogimiento por los hoy querellados". En este sentido, en marzo de 2009 la querellante recibió un aviso del centro donde estaba ingresada su hija pequeña, donde le alertaron que la Junta de Andalucía "se había llevado" a su hija del centro.

La resolución que decretaba el desamparo provisional de la Junta estuvo motivada por un informe del Ayuntamiento de Sevilla donde se relajaba la situación del núcleo familiar de la demandante que destacaba la existencia de informe un clínico donde se diagnosticaba una "reacción depresiva prolongada" y, respecto a las menores, destacan las pruebas de "dos agresiones sufridas, desconociendo el origen de las mismas".

En el escrito, la denunciante defiende que no agredió a sus hijas sino que una de las hijas mayores tuvo un encuentro violento con una compañera de clase, motivo por el que acudió al servicio de urgencias del Hospital Virgen Macarena, donde elaboraron un parte médico. Al hilo, en septiembre de 2008, y debido a que existían problemas con la misma compañera, la demandante solicitó un cambio de centro de sus hijas, "sin que hasta el día de la fecha haya obtenido respuesta alguna por parte de la Consejería de Educación".

Según relata la querellante en el escrito, una de las querellantes, una trabajadora social le "sugirió e intimidó" para que entregara a sus hijas en adopción, motivo que provocó fuertes discusiones entre ambas e incluso, en una de estas discusiones, según la demandante, la trabajadora social le dijo "ya verás como te quito a tus hijas".

Al hilo, según obra en el expediente, una educadora de Accen —ONG que trabaja con personas refugiadas e inmigrantes— denunció ante el Servicio de Protección que, con motivo de una visita domiciliaria, se encontró a dos de las hijas menores de la demandante, de seis y once años de edad, solas en el domicilio con síntomas claros de descoordinación verbal y motora; por ello, la educadora temió que las niñas "pudieran haber sido drogadas por su madre con algún medicamento prescrito para la depresión que padece".

"dejación de funciones" por parte de la junta

La querellante asevera que, desde el día 23 de marzo del 2009, cuando la Junta dictó la resolución de desamparo provisional, hasta febrero del 2011, en el que, por sentencia judicial, la madre recupera la tutela de sus hijas, la Junta "se ha desentendido de sus necesidades básicas, de obligaciones primaria, tales como vestido, alimentación, material escolar, y sobre cualquier otra obligación que, como buen padre de familia, fue asumida con tal resolución", añadiendo que "tal abandono de menores no puede ser justificado con que no fue llevada a efecto la retirada de las mismas, por cuanto ello solo comporta una patente dejación de funciones por parte de la Administración".

Para concluir, durante la tramitación del procedimiento y como consecuencia del mismo, las dos hijas mayores de la demandante abandonaron los estudios para evitar ser retiradas del colegio, como así ya se había intentado el día 23 de marzo del 2009, "acudiendo de forma muy irregular y perdiendo el curso". Asimismo, una de las menores se quedó embarazada, hecho que acrecentó la no asistencia a clase y su falta de concentración y rendimiento.

La querella se dirige, además de contra el delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social, Manuel A. Gálvez, y la jefa del Servicio de Protección de Menores, Inmaculada Dugo, contra los firmantes del informe técnico social de la UTS Macarena; dos trabajadoras sociales, y miembros del equipo técnico de protección de menores, por presuntos delitos de falsedad en documento público; prevaricación; tortura; amenazas y abandono de familia.