El síndic d'Aran, Carlos Barrera, ha afirmado que la Ley del Aran que surja del Estatut debe "blindar" la zona de cualquier futura vegueria, asegurar su singularidad, sus competencias y su autogobierno ante cada cambio de color en la Generalitat, y elevar la relación Govern-Conselh Generau al máximo nivel.

En una entrevista de Europa Press tras reunirse con el presidente de la Generalitat, ha asegurado que se intensifica la relación Conselh-Govern respecto al tripartito —pese a que el síndic era el diputado socialista Francés Boya—, y da por hecho que volverá la relación bilateral presidente-síndic que el propio Barrera tuvo con Jordi Pujol cuando ya había sido síndic, y que servía desencallar cualquier desencuentro con las consellerias.

Aunque la actual Ley del Aran ya dice que la relación entre ambas administraciones es al más alto nivel, la de Régimen Local les vincula a Gobernación, no a Presidencia.

Mas prometió este jueves a Barrera estudiar el documento consensuado en toda la Val d'Aran sobre las aspiraciones para la futura ley, y el viernes 29 de julio lo recibirá también la presidenta del Parlament, mientras que el conseller Jordi Ausàs "se limitó a repartir el mismo documento a cada conselleria, y así quedó diluido" con el tripartito.

Ahora, aspira a que el trámite parlamentario para elaborar la ley empiece en breve en ponencia conjunta —así lo pedirá a De Gispert—, para negociarse en 2012 y aprobarse en 2013, cuando se cumplan 700 años de la Querimònia, el gran documento identitario de la zona.

Barrera prevé un consenso general cuando se vote la ley en el Parlament, pero también una negociación larga.

Espera que la norma cambie la relación económica, para agilizarla y darle mayor rango: que la financiación del Conselh llegue directamente desde la Conselleria de Economía cuando se aprueben los Presupuestos anuales, mientras que ahora Gobernación "hace de pagaduría" del dinero que destina cada conselleria.

Respecto a la financiación actual, hasta que llegue la ley, el Govern ha prometido pagarle en dos años 3,8 millones de euros para compensar la congelación presupuestaria 2008-10 que hizo el tripartito del dinero que la Generalitat destinaba al Conselh, ya que el Conselh anterior "fue incapaz de hacer cumplir esta actualización", lo cual Barrera considera grave porque el presupuesto total ronda actualmente los 30 millones.

En cuanto a las competencias medioambientales de la próxima ley, el 28 de julio pedirá al conseller Josep Maria Pelegrí que el Conselh tenga más competencias en informes medioambientales y una relación más coordinación con la Agencia Catalana del Agua (ACA), que con el tripartido ha sido una "lápida" ralentizadora de toda iniciativa que requería un informe previo de la entidad.

Apoyo del govern ante el estado

Al margen de la Ley, el síndic ha pedido a la Generalitat ayuda para defender ante el Gobierno la necesidad de mejorar la carretera N-230 desde la boca norte del Túnel de Vielha hasta Vielha, para amplificarla: dos camiones en circulación no pueden cruzarse sin riesgo de accidente.

Después de que el secretario de Estado de Planificación, Víctor Morlán, anulara una reunión con él en Madrid para el 19 de julio, Barrera ha pactado con Mas presentarse al encuentro que habrá en septiembre entre el conseller Lluís Recoder y Morlán.

Barrera ha reiterado además su crítica al Gobierno central por interponer un recurso de inconstitucionalidad contra le Ley del aranés alegando que no puede declarar su uso preferencial porque entra a regular el uso de las lenguas cooficiales del Estado.

Ha defendido la norma aprobada en la pasada legislatura catalana y ha defendido que sólo la crisis puede ralentizar su despliegue, pero nunca incumplirse: "La Generalitat, con los reajustes que está haciendo y tocando temas tan extremadamente sensibles como sanidad y educación, es muy difícil justificar que para otra cosa haya la financiación necesaria".