Los propietarios de viviendas con sentencia firme de derribo en la costa cántabra han pedido que "nadie" busque la "dilatación" de los procesos con la ley que aprobó el Parlamento y que permite el abono de las indemnizaciones antes de que se produzca el daño efectivo de la demolición.

La decisión del TSJC de llevar al Constitucional esta ley "duele profundamente" a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados, y para quienes su aprobación fue "la mejor noticia para sacarnos de este pozo".

Para ellos, este texto aprobado por unanimidad en el Parlamento y del que admiten que puede no ser perfecto, fue "un gran paso" en su "defensa" ante las Administraciones.

"Estamos convencidos de que esta norma ayudará a que las reclamaciones no puedan dormir el sueno de los justos, pero sobre todo a que cuando la Administración sea condenada no pueda mirar para otra parte, y tenga que hacer frente a sus obligaciones", expresaron.

"El Gobierno, los Ayuntamientos y los jueces tienen una nueva oportunidad, posiblemente, la última de acabar con una historia de las más costosas, tristes e injustas que se han producido en las últimas décadas en nuestra comunidad", manifiestan.