Este proyecto nace en el contexto de la Ley de Dependencia, aprobada en 2007, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan alguna ayuda en cuanto a dependencia.

Desde CCOO han lamentado que con esta ley se promueva más la compensación económica que no el impulso de servicios sociales públicos, ya que éstos generarían, según Vicens, empleo. De hecho consideran que se debería "ahondar" en las prestaciones sociales no económicas, ya que aseguran que con la Ley de Dependencia ya se han creado un total 130.000 puestos de trabajo.

En este sentido, en España más de 700.000 personas reciben ayudas a través de la Ley de Dependencia, mientras que en Baleares reciben ayudas un total de 10.000 personas, de las cuales el 70% son económicas y no comprenden servicios sociales como la atención domiciliaria, centros de día o residencias, servicios que para CCOO se deberían "potenciar". PENSIONES

Por otra parte, Vicens ha denunciado que la pensión media de Baleares es la más baja del Estado, tanto las que afectan a los incapacitados como a los jubilados o a los viudos. En España hay más de 8.500.000 de jubilados, según CCOO, que perciben una media de 800 euros mensuales. Una cifra que en Baleares es "inferior", lo que refleja para Vicens el "precario" mercado laboral de las islas, vinculado "fuertemente" a la estacionalidad.

Ante esta situación, desde CCOO creen que lo más importante es conseguir que los salarios "suban", de manera que se cotice más en la Seguridad Social y las pensiones aumenten. "No se puede permitir que el salario mínimo interprofesional esté en los 640 euros de media", ha subrayado Gutiérrez.

Asimismo, consideran "inadmisible" que a tres de cada cuatro pensionistas se les haya congelado la pensión. En este sentido han criticado que el gobierno de España haya decidido congelar las pensiones para ahorrar 1.500.000 de euros, cuando recuperando el impuesto de sucesión "se habrían ingresado 1.800.000 de euros" en las arcas, según el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados.

Así pues, el 900 10 23 05 es el número de teléfono gratuito al que pueden acudir aquellos que requieran información. Para Gutiérrez es "importante" que se trate de una línea telefónica, ya que así los ciudadanos podrán obtener información de manera rápida y sin dificultades de mobilidad. La difusión de este nuevo servicio se llevará a cabo mediante carteles y octavillas informativas.