La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo exige el cierre "inmediato" de la fábrica de grasas de la localidad que está ubicada en la C/ Maratón del polígono industrial.

En nota de prensa, la plataforma ha recordado que el jueves 30 de junio de 2011 el DOE hizo público el anuncio por medio del cual se sometía a información pública la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de fábrica de mantecas, oleicos y proteínas cárnicas, promovido por Agropecuaria Campo Verde, SL, en el término municipal de Almendralejo.

También se establecía que el proyecto podría ser examinado, durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación.

"Sin embargo, como en otras ocasiones, la industria se ha construido y ha comenzado a funcionar sin esperar a tener los permisos previos al inicio de la actividad", lamenta la plataforma almendralejense.

Así expone que, a juicio de la plataforma, la situación de esta industria es "incompatible" con algunos puntos Reglamento de Autorizaciones y Comunicación Ambiental, en lo referente al régimen de distancias mínimas para actividades consideradas "peligrosas, insalubres o molestas", especificando que las actividades industriales de aprovechamiento o eliminación de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) se ubicarán a una distancia mínima que no será inferior a 2.000 metros del casco urbano para las industrias de transformación.

"El inicio de actividad sin la preceptiva autorización ambiental unificada está claramente tipificado en el Artículo 153 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura", ha asegurado.

Por lo que en atención de lo establecido en el Artículo 154. 1.2, la plataforma solicita la "clausura definitiva" de esta industria al "no poderse autorizar por no cumplir la distancia mínima" al casco urbano que se establece el Decreto 81/2011, Reglamento de Autorizaciones y Comunicación Ambiental.

Al respecto, la plataforma espera que las administraciones accedan a lo solicitado "en cumplimiento de la normativa vigente" y para "salvaguardar" la salud pública.