La multinacional italoalemana KME, propietaria de Locsa en Córdoba, presentará concurso de acreedores para dicha factoría, al objeto de liquidarla, cerrarla y desprenderse de sus 120 trabajadores, estrategia ésta que, para el presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, no es más que "una cabronada más" de la multinacional.

En declaraciones a Europa Press, Pozuelo entiende que ya no hay lugar a dudas sobre la pretensión de la empresa, que ha preferido jugar la baza del Juzgado de lo Mercantil, "al ver que no tiene posibilidades si recurre" la resolución de la Junta de Andalucía que rechazó, al no verlo justificado, el expediente de regulación de empleo (ERE) que había presentado para prescindir de la plantilla y cerrar la factoría cordobesa.

Además, según ha recordado Pozuelo, también queda claro que KME nunca ha querido realmente vender esta centenaria fábrica metalúrgica cordobesa a otro inversor, para así evitar a un futuro competidor de sus fábricas de Italia y Alemania, a las que, según los trabajadores, la multinacional ha estado desviando la producción de Córdoba, para así presentar pérdidas millonarias que no responden a la realidad de una empresa que, a plena producción, "es viable", rentable e incluso precisaría más plantilla, pero KME, tras rechazar la Junta el ERE, "ha preferido incrementar la cifra de pérdidas", que sitúa en 17 millones de euros en los últimos cuatro años, "enviando de vacaciones forzadas a toda la plantilla, en lugar de producir".

A esto se suma, según ha destacado el sindicalista de CCOO, "el anuncio de la empresa de que no tiene dinero para pagar las nóminas de julio, cuando tiene los almacenes llenos de productos, que puede perfectamente vender para pagar a sus trabajadores", pero es evidente, a juicio de Pozuelo, que KME "no respeta a las leyes de este país ni a sus trabajadores".

Pozuelo ha reconocido que la situación para los trabajadores y para el fututo de Locsa "es complicada", pero que aún pueden buscarse soluciones y fórmulas de respuesta a la nueva estrategia de la empresa, que pasan por oponerse al concurso de acreedores y recabar, de nuevo, el apoyo con el que ya contaban de las administraciones central y autonómica, además de todo lo que pueda acordarse en la asamblea de trabajadores de Locsa que se celebrará este martes.

Posición de la empresa

Esta es la reacción de los trabajadores después de que KME, según ha publicado 'Diario Córdoba', ha decidido iniciar los trámites para presentar a finales de julio o principios de agosto el concurso de acreedores para sus plantas de Córdoba y Barcelona. De hecho, el director general de KME España, Andrés Barallobre, ha confirmado que, tras cuatro meses sin producirse ningún avance con el comité de empresa, "ya no hay marcha atrás", sobre todo al entender que en la resolución de la Junta contraria al ERE ha habido "posicionamientos políticos", ya que la situación económica "es dramática" en KME Locsa, aunque espera mantener en actividad la planta de Barcelona.

Precisamente, al tener su domicilio social en esta ciudad, la multinacional entregará allí la documentación para el concurso de acreedores. Esta decisión de KME provocará que se produzca una merma importante de las condiciones laborales recogidas en el plan social del ERE, pues se pasará de los 45 días y 42 mensualidades que ofrecía la empresa a 20 días por año trabajado. Es más, ahora la empresa ya no abonará las nóminas de julio, al iniciar el cierre ordenado por la vía mercantil, insistiendo en que en los últimos cuatro años se han producido unas pérdidas acumuladas de unos 17 millones de euros.