El Parlamento de Cantabria acogerá esta semana el curso 'Los derechos políticos y electorales como derechos de participación democrática. Garantías en sus diferentes niveles', enmarcado en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria.

Los directores de este curso son Jesús Corona, letrado secretario general del Parlamento de Cantabria; profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, y miembro del Instituto de Derecho Parlamentario; y Francisco Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y director del Instituto de Derecho Parlamentario.

Según se destaca en los objetivos del curso, el régimen electoral español se encuentra expresado básicamente desde el año 1977, con algunas y poco relevantes variaciones, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y pese al tiempo transcurrido, y a las numerosas reformas introducidas en la misma, ninguna de ellas ha tenido carácter sustancial.

Señala al respecto que "son muchas las voces" que aconsejan, por unas u otras razones, una toma de posición y una reforma en profundidad "de algo tan sensible, tan importante y tan delicado" como es el régimen electoral, lo que ha propiciado la creación en 2008 de una subcomisión de trabajo 'ad hoc' en el Congreso de los Diputados, y la aprobación posterior de la Ley Orgánica de modificación de la LOREG.

Destaca a continuación que "no cabe despreciar ni minimizar" la entidad de esta reforma que abunda, entre otros asuntos, en temas de tanta entidad como es la materia concerniente al censo electoral, el procedimiento de votación de españoles residentes en el exterior, las campañas electorales, la publicidad e información electoral en los medios de comunicación, la jornada de votación, la exigencia de avales, la representación de los municipios pequeños, y una medida sumamente novedosa que quiere combatir el fenómeno del transfuguismo, estableciendo un exigente procedimiento para la aprobación de la moción de censura al alcalde.

De todo ello, de la necesidad "imperiosa" de proteger y garantizar el respeto de los derechos políticos y electorales como derechos de participación democrática, según la información consultada por Europa Press.