La Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz tiene previsto aprobar este martes, en virtud de la mayoría del PSOE-A, el dictamen relativo al grupo de trabajo sobre transparencia y calidad democrática, que el pasado jueves elevó un informe donde se recogen medidas como la obligación de los diputados autonómicos y altos cargos de la Junta de hacer públicas sus retribuciones del IRPF desde el inicio de la presente Legislatura o desde la fecha de su incorporación en el transcurso de la misma, así como que se impulse una modificación normativa que establezca la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de diputación.

Los grupos presentaron un conjunto de 102 medidas ante el grupo de trabajo (15 del PSOE-A, 54 del PP-A y 33 de IULV-CA), de las que se incorporaron al informe todas las del grupo socialista; dos del grupo popular y once de Izquierda Unida, algunas con transaccionales del PSOE. PP-A e IU han anunciado su intención de presentar votos particulares al dictamen final.

Las medidas que se recogen en el informe, de acuerdo con las propuestas aprobadas del PSOE-A, consisten en impulsar una modificación de la Ley por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta para suprimir la asignación prevista en el artículo 2 de la misma y que les pudiera corresponder; impulsar una reforma normativa para limitar las retribuciones de los parlamentarios andaluces, de tal forma que únicamente podrán percibir un salario público o privado, o impulsar la modificación del Reglamento del Parlamento y de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta para concretar, respectivamente, los deberes de los diputados y altos cargos en materia de declaración de actividades, bienes e intereses, ampliando al núcleo familiar, definido conforme a la normativa fiscal, su relación en materia de contratación con todas las Administraciones y entes participados.

Asimismo, se plantea la habilitación del escaño denominado "110" y que se rebajen a 40.000 las firmas necesarias para la presentación en la Cámara de una iniciativa legislativa popular. En el caso de los ayuntamientos, se pasaría de 35 a 25 los que podrían presentar una iniciativa en la Cámara.

Otras medidas incluidas en el informe que responden a propuestas del PSOE consisten en optimizar el uso de vehículos oficiales con el objetivo de conseguir mejores niveles de austeridad y sostenibilidad; posibilitar la retransmisión de las sesiones de control al presidente que se celebren en sede parlamentaria, a través de la RTVA; fortalecer, a través de un compromiso de los grupos parlamentarios, las competencias de la Mesa de antitransfuguismo de Andalucía, e impulsar una modificación del Reglamento del Parlamento para facilitar aquella actividad parlamentaria que resulte necesaria durante el mes de julio, así como activar posibles mecanismos de sanción por la ausencia de los diputados a su actividad parlamentaria.

Las únicas dos propuestas del PP que se han reflejado en el informe se refieren a la habilitación del mes de julio y a la retransmisión de las sesiones de control de los Plenos del Parlamento a través de los medios de titularidad pública.

En cuanto a las propuestas de IU que han sido incorporadas al informe, se incluyen varias en materia de austeridad (optimizar uso de coches oficiales o reducción de costes de los medios materiales y personales en procesos electorales); la publicación de rentas en internet, modificación de la Ley de Incompatibilidades en Andalucía; evaluación del cumplimiento de las leyes, o medidas para impedir y penalizar el transfuguismo. Como se recordará, IU había propuesto también un bloque sobre reforma de la Ley Electoral de Andalucía, que ha sido rechazado por el PSOE, donde planteaba ampliación del número de escaños.

El PP-A apoyó todas las propuestas del PSOE-A, salvo la relativa a incompatibilidad entre el cargo de diputado y alcalde o presidente de diputación, mientras que IU se abstuvo en dos de ellas.