El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, ha admitido a trámite el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía durante los últimos diez años, actas solicitadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía.
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