La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Leticia Díaz, no ve "obstáculo o impedimento" en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a la modificación de la Ley del Suelo para que los afectados por sentencias de derribos sean indemnizados antes de la demolición de las viviendas.

Así, Díaz cree este planteamiento no será un "obstáculo o impedimento" para que, tanto el Ejecutivo autonómico como el TSJC, realicen su labor con "independencia e imparcialidad".

La consejera ha respondido así este viernes a preguntas de los periodistas, tras mantener su primera reunión con el presidente del TSJC, César Tolosa.

La nueva titular de Justicia considera "razonable" la "duda" que tiene en TSJC sobre la constitucionalidad de la norma, por lo que ha hecho "lo que tiene que hacer", que es plantear esa duda ante el Tribunal Constitucional (TC).

Además, ha asegurado que el Gobierno entiende que la modificación de la ley "era adecuada a derecho", por lo que actuará en cumplimiento de esa norma.

Por su parte, Tolosa ha indicado que no puede "existir un acuerdo permanente entre los criterios del Gobierno y los órganos judiciales". Según ha añadido, esto forma parte de la "normalidad del funcionamiento del sistema", que se basa en "el respeto a las decisiones que toman los tribunales".

En este caso, será la decisión de TC la que vincule a ambas administraciones, que tendrán que "actuar en consecuencia" atendiendo al dictamen de este Tribunal.

En cualquier caso, Tolosa ha destacado que no hay que ver "conflicto" en lo que son situaciones de "absoluta normalidad en el funcionamiento de las instituciones democráticas", y resaltado que tanto el TSJC como el Gobierno están actuando con "normalidad" y "coherencia".

Según ha recordado, el Parlamento de Cantabria aprobó la reforma de la Ley del Suelo por unanimidad, con "la creencia y consideración" de que la norma cumplía los parámetros de constitucionalidad.

Luego, en la aplicación de esa ley, los tribunales de justicia han planteado dudas sobre sus constitucionalidad, por lo que han optado por trasladar la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ha añadido.