El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado en minoría por Juan Manuel Valle (IU-CA), ha acordado en el seno del pleno de su corporación y gracias a los votos de IU-CA, el PP y la coalición andalucista, la creación de una comisión especial informativa en cuanto a las subvenciones percibidas por el Consistorio palaciego con cargo al "fondo de reptiles". Mediante esta comisión, el Ayuntamiento espera conocer el destino de las cuantías recibidas a través de la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, bautizada como "fondo de reptiles" por el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero al tratarse de ayudas supuestamente ajenas a la fiscalización administrativa.

Gracias a esta partida presupuestaria; la 31L, la Administración autonómica libró en los últimos años 647,86 millones de euros a través de una fórmula investigada por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el marco de la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados precisamente con estos fondos. Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

A tal efecto, el Grupo popular del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca elevó al pleno celebrado este pasado jueves por la noche una moción proponiendo la creación de una "comisión de investigación" en cuanto a las cuantías percibidas por el Consistorio con cargo a la mencionada partida presupuestaria de los fondos autonómicos. El portavoz del Grupo popular, Antonio Romero, había advertido, a tal efecto, de que "la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, dependiente de la Consejería de Empleo, firmó en 2003 un protocolo con el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, para conceder 901.000 euros procedentes del famoso 'fondo de reptiles' para poner en marcha un centro de actividades ecuestres en el municipio".

Los socialistas no acuden al pleno

"A día de hoy, no sólo no existen dichas instalaciones, sino que además no sabemos dónde ha ido a parar ese dinero que recibió el Consistorio en varias transferencias a lo largo de 2005, sin que conste justificación alguna del gasto realizado con la subvención", señalaba Romero. Según han informado a Europa Press fuentes municipales, los concejales del Grupo socialista no asistieron al pleno, que finalmente aprobó esta moción defendida por el PP al contar también con el respaldo de los ediles de IU-CA y de la coalición andalucista.

Los concejales socialistas, en concreto, no asistieron a la sesión plenaria "en señal de protesta por el despido de más de 50 trabajadores del Ayuntamiento y el solidaridad con los afectados y sus familias, al entender que es una clara agresión del Gobierno local comunista tanto al empleo como a la dignidad de unos empleados que venía cumpliendo con sus obligaciones a plena satisfacción".

Acordado también un informe de auditores externos

De otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha acordado también, gracias a los votos de IU-CA, PP y la coalición andalucista, la consignación de una partida presupuestaria para la contratación de un informe elaborado por "auditores colegiados" y cuyo fin es examinar las cuentas del municipio en los últimos seis años. Y es que el nuevo Gobierno municipal de IU-CA, según las citadas fuentes municipales, ha descubierto en la contabilidad del Consistorio aspectos como una deuda de tres millones de euros contraída con la sociedad concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Sobre este aspecto, los andalucistas se han atribuido la iniciativa en cuestión y han recordado que el portavoz andalucista, Pedro Amalio Moguer Caro, ya denunció el 8 de marzo de 2011 ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía y el Fiscal Especial del Tribunal de Cuentas del Estado la "situación de precariedad económica" en la que se encontraba el Consistorio y la "falta de transparencia" con la que actuaba el equipo de Gobierno socialista. Los andalucistas, a tal efecto, intentaban promover auditorías en el Ayuntamiento y la empresa municipal 'Idelpa S.L.'